Colombia: bajo el signo del autoritarismo
¿Hasta cuándo el embrujo?
¿Hasta cuándo el embrujo?
Temas: Autoritarismo Democracia Derechos Humanos Latinoamérica Narcotráfico Paramilitares Sociedad Violencia, Guerra y Terrorismo
Edición Nro.: 67
Por: Hector León Moncayo Enviar Correo al Autor Más Artículos del Autor
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La crisis política sacude a Colombia. Corrupción, violencia, clientelismo, manipulación, son parte de sus principales evidencias. Tal vez como no le había ocurrido hasta ahora, el presidente Uribe atraviesa sus días más angustiantes. Sin embargo, el miedo acumulado por años de violencia terrorífica y la ausencia de una clara opción política que salga a reclamar verdad, justicia y reparación, además de un verdadero ejercicio democrático del poder, mantiene a la sociedad en la expectativa.
No sería nada extraño que en los próximos días, luego de quizá las peores dos semanas para el gobierno de Álvaro Uribe, una nueva encuesta de opinión volviera a darle una popularidad del 84 por ciento. Esta es la inquietud que hoy se respira en Colombia.Los hechos son significativos. En una entrevista, la representante Yidis Medina confirma que efectivamente el Gobierno y el Presidente directamente habían comprado su voto con la oferta de algunos cargos y otras prebendas para sus partidarios, con el propósito de asegurar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe para un segundo mandato. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia vinculaba nuevos congresistas a los procesos por connivencia con los grupos paramilitares, en lo que se ha dado en llamar el escándalo de la parapolítica, incluyendo a la actual Presidenta del Senado. Casi todos, de la coalición uribista.La reacción del Gobierno fue poner en duda la honestidad de la Corte y en general del poder judicial.
El Ministro del Interior y de Justicia se atrevió a declarar: “Pedimos objetividad y celeridad, que haya certeza. […] Tenemos reservas sobre los elementos con que se han abierto las investigaciones o se ha privado de la libertad a personas. En algunos casos se ha actuado con criterios ligeros para tomar una decisión tan grave como privar de la libertad”. Esta declaración obligó a que todas las Cortes, en conjunto, se pronunciaran exigiendo respeto por parte del Ejecutivo. Meses antes, con la misma estrategia, Uribe había denunciado por calumnia al anterior Presidente de la Corte Suprema y había acusado a un magistrado auxiliar de sobornar delincuentes para que testificaran en contra suya.Entre tanto, la Ley de Justicia y Paz comenzaba a mostrar sus más evidentes limitaciones. La Fiscalía misma denunciaba que los bienes entregados por los paramilitares, para la reparación de las víctimas, eran una burlaii. Días después, la Corte Suprema se aparta de la decisión del gobierno de enviar en extradición a Estados Unidos al paramilitar conocido como Macaco, disponiendo que la extradición sólo puede hacerse efectiva después que haya sido juzgado y cumpla con el compromiso de verdad y reparación en Colombia.
Pero lo peor para el Presidente sucedió el martes 22 de abril, cuando por orden de la Fiscalía fue detenido Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y su principal apoyo político. Lo más grave consiste en que desde el momento en que la situación comenzó a complicarse, intentó eludir la acción de la justicia renunciando a su condición de Senador, para evitar la jurisdicción de la Corte Suprema. Como si fuera poco, tan pronto se enteró de la decisión de la Fiscalía, intentó refugiarse en la Embajada de Costa Rica para solicitar asilo político, en lo que se consideró una burla y por supuesto un golpe político contra su propio primo. En ese momento se discutía un proyecto de “reforma política”, propiciado por el gobierno para resolver la crisis del Congreso.Ante los hechos, no se necesita una especial inteligencia para darse cuenta de que algo anda mal. Si hasta entonces el Gobierno trataba con algún éxito de mostrar que era un problema de los políticos, el incidente del primo –no sólo por la relación familiar sino también por las relaciones políticas– mostraba a las claras que el propio Gobierno, encabezado por Uribe, tenía que estar involucrado con la parapolítica.
Constatación que era obvia en el exterior, incluyendo a Estados Unidos, pero que en Colombia se considera impensable. No obstante, al final de la semana las llamadas a las emisoras de radio y las cartas a los medios escritos mostraban un respaldo al Presidente; las encuestas improvisadas y ligeras de los propios medios comprobaban que los colombianos están de acuerdo con una nueva reelección para un tercer mandato.El enigma del embrujo autoritarioAl comienzo del primer mandato de Uribe, una amplia coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos publicó una primera evaluación crítica a la que dieron el sugestivo título de “El embrujo autoritario”. Se identificaba así, acertadamente, la singularidad de este período de nuestra historia. Sin precedentes. Gobiernos autoritarios ha habido otros, como el de Julio César Turbay, pero sólo el de Uribe ha contado con un amplio respaldo. Es cierto que los resultados electorales pueden ser cuestionados tanto en la elección como en la reelección. El porcentaje de abstención siempre ha sido alto. Además, es comprobable la combinación de clientelismo y coacción que hoy se pone de manifiesto en la parapolítica. Sin contar el poder incontestable del dinero, y por tanto la publicidad, que hace prácticamente imposible el avance significativo de una alternativa popular. El éxito, importante pero limitado del PDA, no hace más que confirmarlo. Sin embargo, y aunque las encuestas siempre son técnica o burdamente sesgadas, es indudable que la popularidad de Uribe existe.
Puede argumentarse que es el resultado del enorme poder de los medios de comunicación. Y es cierto. Dos factores se complementan en nuestro país.
De un lado, la acentuada concentración de los mismos en pocos grupos económicos; de otro, la unanimidad de las clases dominantes en favor de Uribe. En esa forma se ha impuesto en el país un mecanismo diabólico de estrecha cooperación entre los medios y el Gobierno, que opera como un aplastante dispositivo de propaganda oficial. Especialmente a través de los medios ‘calientes’, como la radio y la televisión. El gobierno dirige y ordena la fabricación de las noticias. Puede ocultar o en caso extremo contrarrestar un “nuevo hecho”. Y va de los supuestos hechos a la valoración de los mismos.
El recurso fastidiosamente repetido de la ‘participación’ de la audiencia sirve para ‘verificar’ la opinión pública que el mismo medio crea.Se ha intentado aplicar a propósito de los recientes acontecimientos. Tan pronto se hizo definitivamente incómodo el escándalo de la parapolítica, el ministro Juan Manuel Santos apareció denunciando posibles casos de farcopolítica, es decir, congresistas, periodistas, políticos e intelectuales vinculados con esta organización guerrillera. No había ningún dato convincente pero la noticia estaba hecha. El propósito era claro: la relación de muchos con los paramilitares quedaba equilibrada con la relación de otros con el terrorismo. Como en oportunidades anteriores, se trataba de aclimatar un perdón general.
Al mismo tiempo, continuaba extendiéndose un manto de duda sobre la honestidad de los funcionarios judiciales, que para desgracia de Uribe parecían estar deslindando campos. El propio Presidente siguió con sus ataques, en este caso con la mención de un paramilitar que lo acusaba evidentemente sin ninguna seriedad. Además, con el descubrimiento de un paramilitar que declaraba haber sido objeto de una tentativa de soborno por parte de una organización internacional de izquierda para que testimoniara en contra suya. Los hechos suficientemente escandalosos pretendían arrojar una cortina de humo sobre las implicaciones de la detención de Mario Uribe.Pero el poder de los medios no lo explica todo. Lo peor del embrujo consiste en que a una parte del país parece no importarle que las evidencias inculpen a Uribe o que sus acciones sean equivocadas, autoritarias o corruptas. Esa es la explicación de la sensación de impotencia y la parálisis que parece haber invadido a la oposición política y social. No importa lo que se descubra y se denuncie.
Se habla mucho de la “verdad”, pero la verdad en Colombia se ha vuelto inocua, inútil.El miedo a la libertad y sus compensaciones. En efecto, aparte de la manipulación existe un receptor que la acepta. Y no por ingenuidad sino por necesidad. Nuestro país llegó a una condición en que hombres y mujeres, después de largos años de ver negados su ejercicio de la libertad y la reivindicación de sus derechos, tienden a proyectarse en un personaje que supuestamente puede satisfacer sus necesidades. No se trata de creerlo sino de la necesidad de creer. El tradicional escepticismo colombiano se transforma en fe. Y en ese propósito se rodea de atributos al personaje destinatario de la enajenación.Como es sabido, Uribe llamó a su política “seguridad democrática”.
El calificativo de democrática es sin duda para el consumo intelectual, sobre todo en el exterior. A la ciudadanía del común lo que le interesa es la seguridad. Una seguridad ilusoria en la medida en que, al preguntar respecto de qué, la seguridad no tiene que ver con factores sociales y económicos y ni siquiera con la violencia delincuencial, sino de manera precisa con el enemigo que se construye: el terrorismo. Tampoco tiene que ver con resultados, pues, si bien es cierto que se ha incrementado el gasto militar y no faltan las estadísticas amañadas, lo que cuenta es la voluntad, la imagen de ‘mano dura”. Imagen que se construye sobre la base de una relectura de los gobiernos anteriores que los hace aparecer como ‘débiles’.
El personaje, en sí mismo, no es gran cosa. Casi nunca en la historia de la humanidad se ha necesitado una cualidad especial para este tipo de personajes. Se han construido para brindar confianza. En primer lugar, a partir de la seguridad en sí mismo que exhibe el personaje. Uribe, en este sentido, combina los atributos tradicionales de la autoridad patriarcal y católica con los más recientes del ‘atravesado’ que no le teme a nada, del fatalista que arriesga la vida y es capaz de ajustar cuentas con el enemigo y el traidor, endiosado por la cultura de la mafia narcotraficante. Por eso va de la mano con un proceso de legitimación de los paramilitares que hasta los más encumbrados intelectuales no dudan en calificar de “mal necesario” y respuesta a los desmanes de la guerrilla.
El mérito de Uribe consiste en no fallarle a la imagen indispensable. Cuando habla, combina el estilo del padre autoritario que suele castigar por el bien de los hijos, y el del cura que detenta el monopolio de lo que es el bien y lo que es el mal. De este modo, la amenaza implícita logra expresarse en la forma de consejo. No puede menos, en consecuencia, que proporcionar seguridad y tranquilidad a sus oyentes. Hay un sustrato de moralismo que entra muy bien en sintonía con la tradición católica del pueblo colombiano. Y sucede como con todos los moralismos. El lugar desde donde habla, desde arriba, no permite la controversia; la definición dogmática del bien y el mal es cosa suya. Por eso, no importan las críticas y las denuncias. Niega todo referente ético que permita el juicio. Él es el único referente.
En ese orden de ideas Uribe, por sí solo, es el mayor golpe que se le ha dado al Estado social de Derecho. Lo social queda reducido al paternalismo del Presidente, quien, por cierto, no ahorra esfuerzo alguno para promoverlo. Pero lo más significativo es que quiebra definitivamente toda noción de Estado de Derecho. Ni siquiera cabe preguntarse si existe; a los ojos del pueblo, no es necesario. Puede llegar a ser un estorbo. La autoridad no proviene aquí de las normas, de reglas preexistentes, sino de la exhibición de la fuerza, de la capacidad del Presidente moralmente incuestionable. Entre más libre se encuentre para imponer su voluntad, tanto mejor.
Significado histórico del embrujo a pesar de todo, Uribe es enteramente explicable. Es una suerte de desenlace histórico que revela dos incapacidades contrapuestas. La de la burguesía para dotarse de una dirigencia de calidad, de verdaderos estadistas con posibilidades de encabezar un proyecto histórico, y la de los movimientos sociales tradicionalmente subordinados para ofrecer una alternativa.
En Colombia, probablemente hubo una crisis revolucionaria a comienzos de los años 80 del siglo pasado, crisis que no dio lugar a una alternativa histórica, la cual fue reemplazada por la ilusión del éxito narcotraficante. Con Betancur fracasado, despareció la imagen del dirigente político. Y llegó Barco, a punto de perder la lucidez, para representar el comienzo del dominio de la tecnocracia neoliberal mientras el país se derrumbaba. En 1990, en medio de la violencia más atroz, Gaviria le da la bienvenida a un futuro que no era más que la subordinación pasiva a las leyes del mercado. Y lo que pudiera llamarse izquierda se encargó de promocionar no una solución de carne y hueso sino una entelequia, la nueva Constitución.Luego vino Samper, el cinismo disfrazado de humor. De la nueva Constitución sólo quedaba la figura de la acción de tutela y cada vez mayores frustraciones. La demagogia ‘social’ de Samper no podía ocultar la corrupción y el predominio del narcotráfico. Y en contra de su desprestigio, se nos vendió a Pastrana, verdadera proeza de la mercadotecnia que nos hizo probar el mayor fiasco de la historia. La violencia proseguía su camino, dando la impresión de un simple desorden.
Se necesitaba una figura de autoridad. A falta de estadistas, se echó mano de alguien que, si bien distaba de serlo, por lo menos encarnaba la vieja imagen reconocible y tranquilizadora del padre punitivo, que se había enseñoreado durante el oscuro período de la otra violencia, la misma imagen que la generación de los 70 había querido abolir. Habían pasado muchos años y un completo relevo generacional en la sociedad colombiana. Pero de la decadencia del viejo orden burgués, que se resiste a perecer, sólo podía salir un retorno al pasado rural, acondicionado en la cultura mafiosa impuesta por los señores del narcotráfico y la guerra.
Es la contraparte de la resurrección de la ideología del mercado, según la cual no existe autoridad personal sobre nosotros sino una mano invisible, automática, cuyas leyes nos obligan sin que haya un responsable visible.Cuando se dice autoridad, se evoca la fuerza. Uribe, en efecto, engendra temor, y por ello es importante para cada ciudadano que la fuerza se use contra “el otro”; por ello, es tan fundamental que “el otro” sea definido claramente, para diferenciarse de él y evitar convertirse en víctima. Y lo decisivo en este caso no es el ejercicio actual de la fuerza. Se trata de su ejercicio en el pasado, un ejercicio prolongado en el tiempo, de modo tal que ha llegado a ser configuración psicológica originaria para los colombianos de hoy.
Es la imagen de los vencedores; de quienes han usado la fuerza de la manera más atroz. Trae a la mente el espectro de los mochacabezas y las motosierras.Es por esto que el Presidente no tiene apuro en aplicar la fuerza en el día de hoy; su amenaza opera más que todo desde el recuerdo. De ahí que muchos duden en calificarlo de dictador. Ejerce sí la arbitrariedad, símbolo de que la fuerza existe y se puede descargar de manera implacable. No es, entonces, como Pinochet, que se levantó sobre la represión y la violencia que él mismo ejerció desde el poder. Uribe llega después, es un heredero, un portavoz, y llega al poder para administrar la victoria.Sin embargo, todo autoritarismo, con su embrujo, está sometido también a las leyes de la erosión y el desgaste. Es cierto que la autoridad no es un simple factor externo; está incorporada en la psicología de quienes la aceptan. En este hecho se combinan determinantes individuales y condiciones sociales e históricas que lo hacen posible. Pero está sometido al tiempo. Un tiempo de maduración individual y social (4).
1. El Tiempo, 20 de abril de 2008, p. 1-4.2 ob. cit.,
2. ibídem.
3. Ver desde abajo, marzo 15-abril 15 de 2008.
4. Sennett, R., La autoridad, Alianza Universidad Madrid, 1982 .
