Colombia: el dilema de los narcoparamercenarios
Su propósito es la guerra. Nunca la paz. Sus objetivos están cruzados en muchas ocasiones por razones de Estado y siempre por motivaciones económicas individuales. Son los mercenarios, conocidos hoy en todo el mundo como Sociedades Militares Privadas (SMP), dispuestos a vender sus servicios al mejor postor (ver informe especial págs 12-23). En Colombia, su presencia se hizo pública en el año 1987, cuando se transmitió por televisión una parte de la instrucción que el ex oficial israelí Yair Klein le impartía a un grupo de sicarios del famoso narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Luego se conocería que este mismo instructor, junto a otros de procedencia sudafricana, inglesa y estadounidense ¿que llegaron incluso a congregar en una misma época a 28 mercenarios en el país?, instruía a las futuras fuerzas paramilitares. Todo bajo orientación y protección de la CIA (1). No es de extrañar. Los ya viejos manuales de la Doctrina de la Seguridad Nacional promulgada por Estados Unidos plantearon siempre que todas aquellas operaciones susceptibles de enlodar el buen nombre de las entidades oficiales debían encomendarse a fuerzas paramilitares. Nuestro país no fue la excepción, y bastaría recordar el Plan Lazo, proyectado para su aplicación en América Latina a mediados de los sesenta. Aunque de manera oficial nunca ha sido aceptada la relación entre el Estado y los ¿paras?, se conoce que un alto funcionario del Ministerio de Justicia recibió a Yair Klein en el aeropuerto El Dorado. Además, se supo por el testimonio escrito del propio Carlos Castaño que este jefe paramilitar recibió capacitación militar en Israel.
La pregunta es lógica: si no existía apoyo oficial, ¿cómo logra ese objetivo? Narcotraficantes y paramilitarismo El mismo Klein, aceptando su contratación oficial, se quejaba por la ausencia de unidad al interior de la cúpula del gobierno colombiano. Mientras una parte lo invita y lo protege, otra trata de capturarlo. En medio de tal ambigüedad, adelanta varias misiones a través de las cuales da forma al cuerpo de ejército que luego comandaría Castaño. En ese propósito participarán asimismo ¿cinco de los mejores israelíes, los de la contra en grupos sudafricanos y los cuatro ingleses en instrucción aeronáutica y artillería?(2). Los métodos de los paramilitares no se improvisarían. De acuerdo con el mismo documento, ¿esos grupos son degenerados, pero aliados inseparables, su mira principal no son los alzados sino todo el enjambre social de fachada de la izquierda común?. Para conformar ese ejército, los narcotraficantes dispusieron la cooptación de innumerables bandas de criminales urbanos, la más famosa de las cuales, La Terraza, al saber de la decisión del mando paramilitar de asesinar a sus miembros, denunció en noviembre 29 de 2000 la estrecha vinculación entre policía, ejército y narcotraficantes. Recuerde el lector que desde mediados de los años 90 una parte de las acciones armadas de los narcos estuvo camuflada bajo el nombre genérico de ¿Los Pepes? (Perseguidos por Pablo Escobar). A pesar de la gravedad de esta denuncia y del ofrecimiento de los sobrevivientes de La Terraza de someterse a la justicia, ¿siempre y cuando nos brinden garantías de seguridad?(3), el hecho no mereció siquiera un procedimiento de oficio. Con innumerables bandas de esas, reunidas por el dinero y el poder del ¿Señor?, se conformó una fuerza militar que llenó de terror al país, asesinando a decenas de sus mejores hijos.
El documento de La Terraza reconoce los últimos crímenes de esa época: Jesús María Valle, Hernán Henao, Elsa Alvarado, Mario Calderón, Carlos Alvarado, Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón(4). Es necesario preguntar, a esta profundidad del desangre nacional, ¿qué diferencia hay entre una banda de estas y un grupo de mercenarios? Tal vez ninguna, o tal vez que la banda no tiene página web. De narcotraficantes armados a fuerza política Precisa el documento Memorias del paramilitarismo en Colombia: ¿Ahora todo se va a definir en lo social, lo político y la comunicación?. De ahí la decisión de su Conferencia Nacional de organizar un nuevo partido o un Movimiento Social Nacionalista. Desde entonces han pasado cuatro años.
A decir verdad, el propósito está en marcha. Y es todo un proceso armónico. Lograron una parte importante del Congreso (35 por ciento, según Mancuso), sin duda varias alcaldías y brindaron su apoyo sin tapujos a Uribe Vélez. Desde su llegada al gobierno, en una indudable muestra de identidad con la filosofía y propósitos que sustentan los que el Presidente mismo define como ¿mal llamados paramilitares?, éste no ahorra esfuerzos para transformarlos en agrupación política de carácter legal: primero aplazó por siete años la vigencia del Estatuto de Roma; en consecuencia, hasta entonces la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a los criminales que no hayan sido procesados por la justicia colombiana. Reformó la Ley 418 de 1997, que autorizaba al gobierno a negociar con grupos armados que tuvieran status político. La reforma que promovió Uribe cuando llegó al poder suprimió las palabras ¿status político?, justamente el impedimento para poder negociar con los paramilitares.
En agosto pasado, Uribe expidió el Decreto 2767 mediante el cual otorga ¿nuevos beneficios para desmovilizados y reincorporados a la vida civil?. Para completar, y ante el convencimiento de que sólo él podrá obligar a la insurgencia a negociar sin condiciones, el Presidente propone su reelección, para lo cual hace tramitar en el Congreso el respectivo proyecto de reforma constitucional. Pero hay más. Día a día, sin descanso, se difunde por todos los medios de comunicación que la ¿negociación? con los ¿paras? es posible e indispensable.
Con todos los argumentos y valiéndose del anhelo de paz de los colombianos, se plantea que es necesario hacer concesiones si de verdad se desea que algún día podamos vivir sin tantos sobresaltos. Sin duda, un chantaje. Un país con cerca de 60 años de conflicto armado a cuestas, ¡claro que tiene que estar cansado! Y claro que anhela la paz, desde el rezo matutino de quienes asisten a los templos hasta la febril gestión de múltiples comunidades campesinas y urbanas en pro de la justicia. Pero ese fervor no puede ser canalizado sin reparos. La transformación que quieren invisibilizarnos es fenomenal: de narcotraficantes a agrupaciones armadas desarticuladas y enfrentadas entre sí, hasta llegar a paramilitares articulados en un proyecto militar alentado por los Estados Unidos, que pese a todas las medidas tomadas no puede ocultar su tufillo oficial, pasando por los Pepes, para desembocar ahora en una agrupación política en cierne.
Un largo proceso con innumerables asesinados, desplazados, expropiados en el campo y la ciudad, y con todo un país aterrorizado. El pacificador Murillo fue un aprendiz. Un proceso que ni antes ni ahora responde a razones políticas más allá del alegado respeto a la propiedad privada. Que por lo tanto, si de verdad se desea llegar a un acuerdo de paz, debe permitir y estimular un amplio debate nacional sobre los orígenes del conflicto que sobrelleva todo el país, y las medidas o reformas por implementar para desinflarlo. Es decir, reconocer su esencial carácter político. Y que al mismo tiempo debe abrir las ¿negociaciones? de Ralito a toda la sociedad, para que ésta sepa con precisión a qué se le quiere someter. Para que se le explique quiénes son los autores intelectuales y propiciadores del desangre que sufre Colombia. Entre tanto, con presiones de todo tipo y como laboratorio de la mundializada industria militar, los colombianos tenemos que seguir soportando y pagando el alto precio de vivir, junto a Iraq, ¿el principal conflicto privatizado en el mundo?(5).
1. Memorias de paramilitarismo en Colombia, mimeo, p. 5.
2. Ibid.
3. Carta de La Terraza a la opinión pública, noviembre 29 del 2000, p. 7.
4. Ibid, p. 2.
5. En esta edición p. 18-19.
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