En Colombia
Destape de la impunidad
La impunidad para responsables de crímenes contra campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, profesores universitarios y miembros de diversos sectores de la sociedad colombiana continúa. La Fiscalía General de la Nación y otros organismos investigativos no esclarecen los hechos. En ciudades de la Costa Caribe, los ¿sicarios en moto? cometen asesinatos permanentemente.
Ninguno está preso ni se sabe quiénes les suministran las motocicletas y las armas. El gobierno permanece en silencio. El profesor Alfredo Correa de Andreis fue encarcelado por una Fiscalía de Cartagena. Según su familia, ¿por su trabajo con los desplazados?. Hubo enérgica protesta nacional y universitaria que determinó la revocación de la orden de detención. Pero fue asesinado pocas semanas después por ¿sicarios en moto?. En Caño Seco (Arauca), los sindicalistas Alirio Martínez, de Usuarios Campesinos; Leonel Goyeneche, de la CUT, y Jorge Prieto, de la Asociación de Trabajadores Hospitalarios, fueron asesinados por el Ejército, que inventó la mentira de que esos líderes sindicales dispararon contra los soldados.
En Barranquilla fue asesinado por ¿sicarios en moto? el jurista y ex presidente de la CUT Miguel Espinosa Rangel. El crimen está impune. En la Costa, los indígenas han sido víctimas de represión y crímenes paramilitares. Hasta agosto de 2004, habían sido asesinados 221 miembros de la etnia kankuama. La comunidad wayúu le ha rogado al gobierno de Uribe Vélez que les exija a los paramilitares poner fin a los asesinatos de miembros de esa comunidad. El 19 de marzo de 2004, en Guaitarilla (Nariño), murieron, dizque ¿por error?, siete policías y cuatro civiles a manos del Ejército.
La Procuraduría General de la Nación ha pedido la revisión de los procesos, ya que la Fiscalía no encontró responsables. En abril de 2004, en Cajamarca (Tolima), un grupo de soldados les dio muerte a cinco campesinos. Los militares y el Ministro de Defensa dijeron que aquéllos andaban en actividades subversivas, pero se demostró que uno de los campesinos murió por impactos de arma de fuego a menos de 60 centímetros de distancia. Fue un asesinato.
El reciente crimen contra miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida por los campesinos para protegerse de ataques de grupos armados, es escandaloso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno colombiano la protección de esa comunidad. El Estado no ha podido o no ha querido. Más de 150 miembros de ella han sido asesinados. Entre los días 21 y 22 de febrero fueron muertas a garrotazos ocho personas, entre otras, el presidente de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, y su familia. El sacerdote católico Javier Giraldo y la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, vinculados al trabajo de esa comunidad, denunciaron al Ejército como autor del crimen.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y centenares de organismos defensores de los derechos humanos en el mundo han exigido investigación y castigo.
El presidente Uribe Vélez no los condenó. Trató fue de desviar la opinión, atribuyéndolos a las Farc. El gobierno ha caído en el mundo infame de intentar tapar delitos atribuidos a las Fuerzas Armadas. Es el nuevo desafío para el pueblo de Colombia, que siempre respondió con vigor a hechos como esos, como ocurrió el 6 de septiembre de 1952, cuando Carlos Lleras Restrepo denunció al presidente (e) Roberto Urdaneta Arbeláez la masacre de El Líbano, en la que ¿fueron sacrificados más de 1.500 campesinos que no tenían otro delito que el de habitar en la región donde esporádicamente había actuado un grupo guerrillero?. En aquella época, la victoria no fue de la represión oficial. Tampoco lo será ahora.
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