Dos periodos son suficientes... pero quieren más
Temas: Autoritarismo Democracia Derechos Humanos Economía Impunidad Latinoamérica Narcotráfico Paramilitares Plan Colombia Política Privatización Reelección Presidencial Sociedad Violencia, Guerra y Terrorismo
Temas: Autoritarismo Democracia Derechos Humanos Economía Impunidad Latinoamérica Narcotráfico Paramilitares Plan Colombia Política Privatización Reelección Presidencial Sociedad Violencia, Guerra y Terrorismo
(Tomado de página web "Le Monde Diplomatique")
Exento en la gran ciudad. Sin límite para la impunidad oficial y familiar ni para amenazar, calificar y acusar a más colombianos por el “delito de opinión”. Sin atenerse a principio ético alguno y más bien con desmedro de las prerrogativas constitucionales. Sin reparar en el desmoronamiento de los valores colectivos. Sin pretensión de propiciar la felicidad popular, comprometido a cambio con el privilegio del latifundio y la agroindustria derivados del dinero ‘cálido’ y el privilegio privado. Sin dejar de bajar el dedo en instituciones que, antes que velar por la seguridad de todos, producen la muerte de ciudadanos y verdaderos “blancos positivos”. Sin dolor por la prolongación del conflicto. Así, a cualquier costo y de cualquier manera, gobierna Álvaro Uribe, sosteniéndose en las columnas sobre las que se creó y se apuntala el Estado-nación colombiano: la gran hacienda, la iglesia católica y el ejército (Ver: “Colombianidad...”, Libardo Sarmiento A., pág. 8). Así llegó a la Casa de Nariño, junto al proyecto político-económico y de revisión histórica que representan. De este modo, su mandato se acerca al cierre del séptimo año, y con el octavo no renuncia a acumular los 12, y aún muchos más.
Desde aquella campaña electoral, en 2002, se dibujó de manera meridiana qué representaba, qué implicaba, y cuáles eran los riesgos de esta Presidencia para el país. Por entonces, decíamos: “Encarna Uribe, el presidente electo, una propuesta que busca la afirmación y conservación de un modelo económico y su entronque con el gran proyecto integracionista, y el dominio de la potencia mundial sobre la base de la trilogía orden, autoridad y tradición”. Sin dejar de agregar más adelante: “Estaríamos entonces ante una sociedad que no permitirá disidentes ni contradictores; una sociedad despótica que pone en profundo riesgo la democracia liberal, los avances constitucionales y, por tanto, los derechos de todo orden conquistados por la humanidad” (1). Los sucesos han refrendado con creces esa previsión. Pero ahora hay más. Su designación como candidato, el tejido que evitó una segunda vuelta y su entorno económico y político –que devino en parapolítica–, y de fuerza –paramilitar y alto mando complaciente–, sacan a relucir la verdad y la característica de una institucionalidad y una democracia deformadas en Colombia: sin vergüenza (Ver: “La candidatura de Uribe y el grupo…,” Omar Roberto Rodríguez, pág. 5).
Presidente, impulsor, y a la vez heredero de un modelo económico privatizador, sus voceros gubernamentales no dudan en vender los pocos bienes colectivos construidos con el trabajo de generaciones y heredados por su administración. Un haber que comprende tanto los bienes estratégicos como el sistema eléctrico, el gas, como la infraestructura hospitalaria pública y el sistema de seguridad social (Ver: “El derecho fundamental”, Carlos Iván Pacheco, pág. 14). Sin inmutarse por vender, incluso, recursos invaluables de la nación y derecho de todo colombiano, como es el agua (Ver: “Prematuro ocaso...”, Rafael Colmenares, pág. 10). Todo, sin reparo ni consideración humana y social alguna y sin mirar más allá de la elemental relación costo-beneficio para el gran privilegio privado.
El camino, la estrategia fundamental en uso para que el avance de este despropósito encontrara y encuentre eco en la ciudadanía, consistió, por un lado –dada la ilegitimidad de las acciones guerrilleras, que dejan sin reparar sus efectos sobre la población no vinculada al conflicto–, en valerse, para hacer promesas, de las insuficiencias de un Estado ineficaz –por el clientelismo y la politiquería en que se afinca–, y multiplicar las rimbombancias de un modelo económico, por entonces en supuesto triunfo, avasallador con su Consenso de Washington; y, por el otro, disponer de la complacencia de los medios de comunicación. Medios que, sin rubor, noticia, ni seguimiento de los antecedentes e implicaciones de cada una de estas y otras muchas acciones, promulgan y profundizan el ambiente para que la ciudadanía apoye o admita en silencio tales despropósitos.
La debilidad de los movimientos sociales, y la criminalización misma que ejecuta el régimen imperante hoy, así como la debilidad o inexistencia de una ciudadanía activa, y de consistentes acciones opositoras, facilitaron la consumación de los negocios acordados. Transados entre los grandes grupos económicos y los representantes de lo público, con desinterés en proteger lo colectivo. Más movidos en desvanecerlo. Se trataba de unos procesos económicos que se llevan a cabo en medio de una prolongada “guerra sucia”, cuyo envión consuma un creciente desplazamiento del campo a la ciudad, y un aumento continuo y ascendente del gasto militar, al final de los cuales aspiran a consolidar un modelo económico decimonónico (Ver: “Ocho años de un gris…”, Álvaro Sanabria D., pág. 12).
Dos períodos de gobierno han sido más que suficientes para sentir las consecuencias de estos procesos, en parte heredados y en parte creados. En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar. Y aquellos líderes sociales y comunitarios que no fueron al exilio corrieron la suerte dispuesta por los supuestos encargados de protegerlos. Bajo idéntico procedimiento de terror, miles de hectáreas fueron usurpadas a sus verdaderos dueños, y otras más corren el mismo peligro ante el recurso y el uso de leguleyadas notariales que los campesinos no pueden desbaratar, indefensos por no tener escrituras para avalar la histórica propiedad de su terruño. Esta historia de sangre y dolor, es cierto, viene de muchos años atrás; de acontecimientos en los cuales fue protagonista, entre otros, el ayer gobernador de Antioquia y hoy presidente de la República.
Así se explica que uno de sus objetivos más preciados, desde la primera posesión del Presidente, con alguna contradicción que no bendice la parte estadounidense de la intervención extranjera, fue legitimar la estrategia paramilitar y rebuscar la impunidad para sus artífices. Tal es un trasfondo de la mal llamada Ley de justicia y paz, que se aprobó contra la Constitución y sobre el dolor de las víctimas. Cuatro años después, los resultados son evidentes. La perfecta burla a la más elemental noción de justicia. En tal vía, la extradición para algunos de los capos, independiente de su suerte en Estados Unidos, no hace más que confirmar una cínica exoneración del establecimiento: el verdadero culpable (Ver: “Lecciones inaugurales de impunidad…”, Carmen Andrea Becerra B., pág. 16).
También el país supo que quienes asesinaron a miles de compatriotas en campos y ciudades –apropiándose de sus bienes para concretar una descomunal contrarreforma agraria– financiaron, impulsaron y presionaron, una y dos veces el voto a favor de quien directamente o por interpuesta persona aspira a proseguir al frente de los destinos del país (2). Con jefes paramilitares a la vez, como barones electorales, y el terror que no cesó y que siguió a este pacto, fueron éstos garantes de unanimismo en pequeñas y medianas ciudades; fueron el sello con el cual avalaron el triunfo oficialista. La ilegitimidad del gobernante es evidente. Innegable, pese al silencio o las decisiones de los jueces (Ver: “Ocho años de concentración…”, Rafael Ballén, pág. 6).
Con todos y cada uno de estos pisotones, se impuso y se mantiene incólume el gobernante de la “mano firme y corazón grande”.
Potencial renovador
Pasan los años y el terror no disminuye. El desplazamiento se mantiene. Codhes informó que en 2008 por lo menos 76 mil 172 núcleos familiares fueron desplazados. (3) Es decir, no menos de 300 mil connacionales tuvieron que dejar, por presión o amenaza directa de muerte, su heredad, su lugar de vivienda.
A la par, las políticas de criminalización no cesan: en no menos de 10 departamentos, supuestos grupos paramilitares amenazan de muerte a diversos sectores sociales. El miedo y el control social se acentúan en muchos barrios, y en otros territorios urbanos y rurales. Tales amenazas no son simples palabras. Cientos de familias lloran a sus hijos asesinados en acciones demenciales que pretendían multiplicar, de manera artificial, el número de ‘logros’ de las Fuerzas Armadas en su guerra con la insurgencia. Son hechuras realizadas con culpa y planificación, a sangre fría y por el estímulo de las recompensas económicas, ahora instituidas como política de Estado. Acciones emprendidas de manera mancomunada con grupos armados del narcotráfico. Una alianza espuria que, inclusive, en otro tiempo y otro espacio, permitió consumar masacres de los propios agentes armados del Estado (ejército) contra sus compañeros de armas (policía) (4).
¿Puede resistir un país, un pueblo, una situación como ésta? ¿Por cuánto tiempo? Se suele decir que es posible engañar a una persona todo el tiempo, a todas las personas por algún tiempo pero que es imposible engañar a todos todo el tiempo. Es cierto que el enorme aparato de manipulación al servicio del gobierno, el más inescrupuloso del que haya noticia, elabora y muestra todavía éxitos que sorprenden. Pero los movimientos sociales de mayor capacidad organizativa –como el indígena– prueban, con su resistencia, sin decaer en estos aciagos siete años, que existe una gran reserva moral y política. Esta acumulación tiende a su ampliación; a ir en aumento en la medida en que capas más extensas de la población comienzan a confrontar su triste realidad con el sopor de la imagen y el discurso oficial que les recrea una situación que no viven.
Sin embargo, una sociedad sometida a las dinámicas e intereses antes descritos no tiene otra posibilidad para renacer que la de una revolución social como transformación de la naturaleza del poder y como conmoción social totalizadora, transformación cultural, ética, moral, económica y social (Ver informe especial “El mundo, convulsionado”). Y no es una conclusión por convicción doctrinaria. Es producto de reconocer la magnitud de la tarea que enfrenta nuestra sociedad para jugar un papel soberano, a la vez que integrador, en el continente y el mundo. Es, igualmente, reconocer la potencialidad renovadora que alberga nuestra sociedad.
1 El nuevo orden, en Le Monde diplomatique Nº 3, edición Colombia, junio de 2002.
2 Ver, Colombia: una nueva verdad de ‘Don Berna’: Las auc apoyaron la campaña presidencial, www.desdeabajo.info.
3 Víctimas emergentes. Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008. www.codhes.org.
4 Nos referimos al ataque ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 22 de mayo de 2006.
Desde aquella campaña electoral, en 2002, se dibujó de manera meridiana qué representaba, qué implicaba, y cuáles eran los riesgos de esta Presidencia para el país. Por entonces, decíamos: “Encarna Uribe, el presidente electo, una propuesta que busca la afirmación y conservación de un modelo económico y su entronque con el gran proyecto integracionista, y el dominio de la potencia mundial sobre la base de la trilogía orden, autoridad y tradición”. Sin dejar de agregar más adelante: “Estaríamos entonces ante una sociedad que no permitirá disidentes ni contradictores; una sociedad despótica que pone en profundo riesgo la democracia liberal, los avances constitucionales y, por tanto, los derechos de todo orden conquistados por la humanidad” (1). Los sucesos han refrendado con creces esa previsión. Pero ahora hay más. Su designación como candidato, el tejido que evitó una segunda vuelta y su entorno económico y político –que devino en parapolítica–, y de fuerza –paramilitar y alto mando complaciente–, sacan a relucir la verdad y la característica de una institucionalidad y una democracia deformadas en Colombia: sin vergüenza (Ver: “La candidatura de Uribe y el grupo…,” Omar Roberto Rodríguez, pág. 5).
Presidente, impulsor, y a la vez heredero de un modelo económico privatizador, sus voceros gubernamentales no dudan en vender los pocos bienes colectivos construidos con el trabajo de generaciones y heredados por su administración. Un haber que comprende tanto los bienes estratégicos como el sistema eléctrico, el gas, como la infraestructura hospitalaria pública y el sistema de seguridad social (Ver: “El derecho fundamental”, Carlos Iván Pacheco, pág. 14). Sin inmutarse por vender, incluso, recursos invaluables de la nación y derecho de todo colombiano, como es el agua (Ver: “Prematuro ocaso...”, Rafael Colmenares, pág. 10). Todo, sin reparo ni consideración humana y social alguna y sin mirar más allá de la elemental relación costo-beneficio para el gran privilegio privado.
El camino, la estrategia fundamental en uso para que el avance de este despropósito encontrara y encuentre eco en la ciudadanía, consistió, por un lado –dada la ilegitimidad de las acciones guerrilleras, que dejan sin reparar sus efectos sobre la población no vinculada al conflicto–, en valerse, para hacer promesas, de las insuficiencias de un Estado ineficaz –por el clientelismo y la politiquería en que se afinca–, y multiplicar las rimbombancias de un modelo económico, por entonces en supuesto triunfo, avasallador con su Consenso de Washington; y, por el otro, disponer de la complacencia de los medios de comunicación. Medios que, sin rubor, noticia, ni seguimiento de los antecedentes e implicaciones de cada una de estas y otras muchas acciones, promulgan y profundizan el ambiente para que la ciudadanía apoye o admita en silencio tales despropósitos.
La debilidad de los movimientos sociales, y la criminalización misma que ejecuta el régimen imperante hoy, así como la debilidad o inexistencia de una ciudadanía activa, y de consistentes acciones opositoras, facilitaron la consumación de los negocios acordados. Transados entre los grandes grupos económicos y los representantes de lo público, con desinterés en proteger lo colectivo. Más movidos en desvanecerlo. Se trataba de unos procesos económicos que se llevan a cabo en medio de una prolongada “guerra sucia”, cuyo envión consuma un creciente desplazamiento del campo a la ciudad, y un aumento continuo y ascendente del gasto militar, al final de los cuales aspiran a consolidar un modelo económico decimonónico (Ver: “Ocho años de un gris…”, Álvaro Sanabria D., pág. 12).
Dos períodos de gobierno han sido más que suficientes para sentir las consecuencias de estos procesos, en parte heredados y en parte creados. En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar. Y aquellos líderes sociales y comunitarios que no fueron al exilio corrieron la suerte dispuesta por los supuestos encargados de protegerlos. Bajo idéntico procedimiento de terror, miles de hectáreas fueron usurpadas a sus verdaderos dueños, y otras más corren el mismo peligro ante el recurso y el uso de leguleyadas notariales que los campesinos no pueden desbaratar, indefensos por no tener escrituras para avalar la histórica propiedad de su terruño. Esta historia de sangre y dolor, es cierto, viene de muchos años atrás; de acontecimientos en los cuales fue protagonista, entre otros, el ayer gobernador de Antioquia y hoy presidente de la República.
Así se explica que uno de sus objetivos más preciados, desde la primera posesión del Presidente, con alguna contradicción que no bendice la parte estadounidense de la intervención extranjera, fue legitimar la estrategia paramilitar y rebuscar la impunidad para sus artífices. Tal es un trasfondo de la mal llamada Ley de justicia y paz, que se aprobó contra la Constitución y sobre el dolor de las víctimas. Cuatro años después, los resultados son evidentes. La perfecta burla a la más elemental noción de justicia. En tal vía, la extradición para algunos de los capos, independiente de su suerte en Estados Unidos, no hace más que confirmar una cínica exoneración del establecimiento: el verdadero culpable (Ver: “Lecciones inaugurales de impunidad…”, Carmen Andrea Becerra B., pág. 16).
También el país supo que quienes asesinaron a miles de compatriotas en campos y ciudades –apropiándose de sus bienes para concretar una descomunal contrarreforma agraria– financiaron, impulsaron y presionaron, una y dos veces el voto a favor de quien directamente o por interpuesta persona aspira a proseguir al frente de los destinos del país (2). Con jefes paramilitares a la vez, como barones electorales, y el terror que no cesó y que siguió a este pacto, fueron éstos garantes de unanimismo en pequeñas y medianas ciudades; fueron el sello con el cual avalaron el triunfo oficialista. La ilegitimidad del gobernante es evidente. Innegable, pese al silencio o las decisiones de los jueces (Ver: “Ocho años de concentración…”, Rafael Ballén, pág. 6).
Con todos y cada uno de estos pisotones, se impuso y se mantiene incólume el gobernante de la “mano firme y corazón grande”.
Potencial renovador
Pasan los años y el terror no disminuye. El desplazamiento se mantiene. Codhes informó que en 2008 por lo menos 76 mil 172 núcleos familiares fueron desplazados. (3) Es decir, no menos de 300 mil connacionales tuvieron que dejar, por presión o amenaza directa de muerte, su heredad, su lugar de vivienda.
A la par, las políticas de criminalización no cesan: en no menos de 10 departamentos, supuestos grupos paramilitares amenazan de muerte a diversos sectores sociales. El miedo y el control social se acentúan en muchos barrios, y en otros territorios urbanos y rurales. Tales amenazas no son simples palabras. Cientos de familias lloran a sus hijos asesinados en acciones demenciales que pretendían multiplicar, de manera artificial, el número de ‘logros’ de las Fuerzas Armadas en su guerra con la insurgencia. Son hechuras realizadas con culpa y planificación, a sangre fría y por el estímulo de las recompensas económicas, ahora instituidas como política de Estado. Acciones emprendidas de manera mancomunada con grupos armados del narcotráfico. Una alianza espuria que, inclusive, en otro tiempo y otro espacio, permitió consumar masacres de los propios agentes armados del Estado (ejército) contra sus compañeros de armas (policía) (4).
¿Puede resistir un país, un pueblo, una situación como ésta? ¿Por cuánto tiempo? Se suele decir que es posible engañar a una persona todo el tiempo, a todas las personas por algún tiempo pero que es imposible engañar a todos todo el tiempo. Es cierto que el enorme aparato de manipulación al servicio del gobierno, el más inescrupuloso del que haya noticia, elabora y muestra todavía éxitos que sorprenden. Pero los movimientos sociales de mayor capacidad organizativa –como el indígena– prueban, con su resistencia, sin decaer en estos aciagos siete años, que existe una gran reserva moral y política. Esta acumulación tiende a su ampliación; a ir en aumento en la medida en que capas más extensas de la población comienzan a confrontar su triste realidad con el sopor de la imagen y el discurso oficial que les recrea una situación que no viven.
Sin embargo, una sociedad sometida a las dinámicas e intereses antes descritos no tiene otra posibilidad para renacer que la de una revolución social como transformación de la naturaleza del poder y como conmoción social totalizadora, transformación cultural, ética, moral, económica y social (Ver informe especial “El mundo, convulsionado”). Y no es una conclusión por convicción doctrinaria. Es producto de reconocer la magnitud de la tarea que enfrenta nuestra sociedad para jugar un papel soberano, a la vez que integrador, en el continente y el mundo. Es, igualmente, reconocer la potencialidad renovadora que alberga nuestra sociedad.
1 El nuevo orden, en Le Monde diplomatique Nº 3, edición Colombia, junio de 2002.
2 Ver, Colombia: una nueva verdad de ‘Don Berna’: Las auc apoyaron la campaña presidencial, www.desdeabajo.info.
3 Víctimas emergentes. Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008. www.codhes.org.
4 Nos referimos al ataque ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 22 de mayo de 2006.
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