DOS PROCESOS DE PAZ POR HACER

DOS PROCESOS DE PAZ POR HACER

- León Valencia en ALMA MATER -

Universidad de Antioquia

Reinserción, democracia y civilidad

Las elites adelantan una guerra contra las instituciones más eficaz que la guerra de las guerrillas - León Valencia Agudelo

¿Por qué si en el país ha habido tantos procesos de reinserción, tantos procesos de paz, desde los años 50 hasta hoy, y tanto guerrero ha vuelto a la vida civil, el conflicto colombiano y la guerra continúan? Alrededor de esa pregunta el analista político León Valencia Agudelo presentó sus particulares puntos de vista en la charla sobre reinserción, democracia y civilidad a la cual fue invitado por la cátedra pública Héctor Abad Gómez, el 13 de febrero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Una respuesta probable a la cuestión se deriva de la observación de un hecho incontrastable: en Colombia, ciertamente, ha habido muchos procesos de paz, pero han sido parciales, en tanto que mientras se hace un acuerdo con un sector en conflicto, al mismo tiempo se lanza la guerra contra otro.

En ese sentido, el director de la Corporación Nuevo Arco Iris recordó cómo a finales de los 50 y principios de los 60 se hizo el acuerdo del Frente Nacional entre liberales y conservadores, pero se dejó por fuera a un sector de los liberales, encabezado por el campesino Manuel Marulanda Vélez, como también se dejó por fuera a las nacientes fuerzas de izquierda, que apenas empezaban a figurar en el país como el partido comunista y sectores proclives a la revolución cubana.

En 1964 –continuó Valencia Agudelo– el gobierno lanzó un ataque a los campesinos excluidos del pacto político en El Pato, Riochiquito, Guayabero, lo que dio inicio al conflicto que persiste hoy. Es la primera muestra –dijo– de un acuerdo de paz, tan emblemático como el del Frente Nacional, y al mismo tiempo el inicio de una guerra que fue marginal hasta los años 80, década sangrienta en la que se pactó una tregua con las Farc y posteriormente se inició un proceso de paz en firme con siete u ocho grupos tales como el M-19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista.“Acuerdo parcial –insistió– que culminó con la Constituyente de 1991 como hecho simbólico, pero el día emblemático de la citación a la Asamblea se lanzó un ataque a Casaverde y se recrudeció la guerra contra las Farc”.

Luego –agregó el columnista de EL COLOMBIANO Y EL TIEMPO–, con el ascenso de Uribe a la presidencia se le tendió la mano a los paramilitares y mientras que adelantaba un acuerdo de paz con ellos, simultáneamente se armó el Plan Patriota y el proyecto de guerra en el sur del país. O sea, concluyó, “pacificación en el norte mediante una negociación con los paramilitares y guerra en el sur para la destrucción de las Farc”.

En síntesis, Valencia Agudelo reiteró que todos los acuerdos de paz parciales están acompañados de una apuesta de guerra, de un desafío de confrontación a las fuerzas por fuera de los acuerdos.Además, señaló, el acuerdo de paz con los paramilitares también ha sido parcial y empieza a revertirse en todo el país y en Medellín y Antioquia de forma dramática, y otra vez empieza a teñirse de bandas paramilitares toda la geografía nacional.“A la vez está el desafío con las Farc y con el ELN, en el cual ha tenido muchos éxitos el presidente Uribe en el plano militar, pero no deja guerrillas destruidas y acabadas al estilo Fujimori en Perú, sino con capacidad de ofender y quizá de crecer y desarrollarse en un momento de crisis económica, de cambio en la política de Estados Unidos y cuando no va a haber toda la plata para invertir en la guerra como durante los últimos años”, dijo, y aseguró que hubo un salto de 3.6 % del producto interno bruto a 6 puntos de inversión en defensa, se pasó de 250 mil integrantes de la fuerza pública a 435 mil y hubo una ayuda de 700 millones de dólares por año de Estados Unidos.“Esta idea de que estamos en un círculo vicioso los últimos cincuenta años, en los cuales ha habido acuerdos parciales de paz y declaratorias sucesivas de guerra es muy dolorosa y triste y no hemos encontrado el camino para salir de ahí porque nadie ha tenido en Colombia un proyecto de reconciliación total, con todos, ni la izquierda, ni la dirigencia del país”, manifestó.

Dos procesos de paz por hacerPara el autor de “Mis años de guerra”, está claro que el país no puede soslayar una doble realidad: una, la de las guerrillas que empezaron como un alzamiento político y por el camino se encontraron con el narcotráfico, y dos, constituida por el fenómeno inverso, es decir, la existencia de las bandas del narcotráfico y de la criminalidad mafiosa que se encontró con la política alta en el proceso 8.000 y la parapolítica.“Esos dos fenómenos hay que aceptarlos como dos realidades y hay que buscar un proceso de paz con esas dos instancias del conflicto en Colombia, es decir, que hay dos procesos de paz por hacer, un proceso de paz con las guerrillas y otro con las élites que utilizan la violencia ilegal para hacerse al poder local e influir en el poder nacional, porque ellos también están haciendo una guerra contra las instituciones en Colombia y más eficaz que la guerra de las guerrillas”, aseveró.

Valencia Agudelo aseguró, además, que cuando la Corporación Nuevo Arcoiris investigó el fenómeno de la parapolítica encontró que las mejores familias dentro del Estado, altos funcionarios que habían usufructuado el poder político durante décadas y la descendencia de grandes familias políticas fueron los que se aliaron con los actores ilegales para apoderarse del poder local e influir en el nacional.“Pero no como un juego de niños o un acto de maniobra política: ahí murieron miles y miles de personas en esa empresa criminal. Los paramilitares, según la Fiscalía, dejaron en un lapso muy corto, aliados con los políticos, diez mil desaparecidos, 3.200 fosas comunes en el país, pues no secuestraban a campesinos inermes para hacer extorsión política, sino que los mataban y los tiraban a las fosas, para sembrar el terror en la población y obtener un éxito político”, precisó, y afirmó que la Corporación de la cual él es director ejecutivo publicó apenas el 20% de la investigación sobre paramilitarismo, y pudo documentar que 83 parlamentarios llegaron al Congreso por alianza con los paramilitares. “Hay una guerra de las élites que desde del Estado han cortado el hilo institucional y han hecho verdaderos golpes de Estado en muchas regiones del país, porque aquí gobernaban de la mano de los paramilitares nueve gobernadores, 251 alcaldes y tenían la tercera parte del Congreso de la República”, aseguró.

De manera que –reiteró–, hay que hacer procesos de paz y reinserción a dos manos: una con los guerrillas que han afrentado a este país y que se han degradado en su confrontación con el Estado, y otra con las élites que han usurpado el poder del Estado y desde ahí se han aliado con ilegales para producir grandes masacres de la población y para producir también grandes efectos sobre la política.Al mismo tiempo, el analista político relievó el contraste entre el proceso 8000 y la parapolítica.

En ese sentido, observó que el proceso 8000 tuvo muy poco peso penal –ocho parlamentarios fueron inculpados por la alianza con las mafias para la campaña presidencial—, pero sí un enorme costo político. “El partido liberal se cayó y no ha podido volver al poder; el señor Samper es un cadáver político, a pesar de su investidura presidencial”, comentó.Al contrario –observó–, en el fenómeno de la parapolítica ha habido una alta dosis penal, en tanto ya hay 91 parlamentarios vinculados a los procesos de la parapolítica y 400 políticos locales, y, sin embargo, no ha habido el menor costo político.“Los partidos que tienen a todos sus líderes presos por la parapolítica están actuando, poniendo candidatos.

Hay cinco partidos que tienen a todos sus parlamentarios titulados metidos en ese proceso: Colombia Viva, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana y Apertura Liberal, todos de la coalición uribista”, señaló, y añadió que Cambio Radical, el Partido de la U, el partido Conservador, el partido Liberal también tienen gente comprometida con la parapolítica y siguen tan campantes actuando en la vida política, sin disolverse, ni siquiera sufrir la sanción de la llamada silla vacía.La Corporación para la educación y la salud pública Héctor Abad Gómez, , la Rectoría y las facultades de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Antioquia invitaron a la cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez a León Valencia Agudelo, analista político, especialista en temas de paz, derechos humanos y resolución de conflictos y actual director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris.

El reconocido opinador de la vida política nacional y del conflicto colombiano, al tiempo que señaló que el país enfrenta un problema grande con las Farc y el ELN, no sólo por el desafío al Estado, sino también por la degradación, “y todo lo que se diga de ellas es poquito para lo que hacen”, también recalcó que el país sólo ve la degradación de las guerrillas y no el otro fenómeno tan duro, tan sacrificante de la democracia colombiana como es la vinculación de altos funcionarios del Estado y de gente de las mejores familias con actores ilegales para golpear la democracia, matar gente y obtener réditos políticos de esa acción.

“Eso no lo ve el país y sobre eso no hay costos políticos, ni cuentas de cobro ni para el Presidente, ni para sus partidos, ni para la coalición de gobierno. Y el Presidente tiene la libertad para no gobernar con los vinculados a la parapolítica y gobierna con ellos; podía hacerlos a un lado, pero son el fundamento principal de su gobierno; los partidos más vinculados a la parapolítica son el sostén en el Congreso de su proyecto político y son, los miembros de esos partidos, los que tienen las altas cuotas de funcionarios en el Estado”, aseguró.

En ese sentido, Valencia Agudelo expresó que las guerrillas le disparan desde fuera al Estado, pero los parapolíticos le disparan desde adentro, en una situación que torna muy difícil y casi imposible adelantar un debate claro sobre la democracia colombiana, distinto al debate que puede generarse respecto de la democracia en las dictaduras militares.

Una dictadura militar –explicó– es la usurpación del poder por parte de un actor militar que aleja a los civiles, se apodera del Estado y empieza un proceso de restricción de las libertades y de violación generalizada de derechos humanos, de modo que, en el cono sur, por ejemplo, se dieron esas dictaduras y a los civiles les era claro qué era lo que tenían que criticar, la ruptura del hilo constitucional por una fuerza militar.

“Pero en Colombia tenemos unos gobiernos civiles y un Estado híbrido, en el que tenemos gente decente, genuinamente civilista, pero a su lado hay una gente que no respeta la democracia, que se involucra con mafias, que rompe las reglas de la democracia desde adentro, y en ese Estado híbrido es muy difícil poner en claro para la confrontación y denuncia o para la transformación, porque tienen todas las palancas del Estado para obviar el juicio político y penal”, puntualizó.En síntesis, y desde una perspectiva de reinserción y de democracia, Valencia Agudelo señaló que hay, pues, dos procesos de paz para adelantar.

“La democracia colombiana no es una democracia asediada desde afuera, como le gusta decir al doctor Pizarro León-Gómez, no es una democracia avanzada, como le gusta decir al Presidente, sino una democracia atravesada por la violencia, que tiene el bacilo de la ilegalidad adentro de la democracia, no por fuera, y ese es un debate difícil de dar en el país; apenas en Europa y Estados Unidos se está empezando a hacer conciencia de ello”, dijo.

Y concluyó que la salida es adelantar un proceso de reconciliación total, que incluya tanto a las guerrillas como a las élites políticas en connivencia con las mafias y los paramilitares, proceso y propuesta que –planteó– debe surgir de una derecha civilista. (LJLB)

Procacidad política pagada (Un pasquín, Vladdo)

Procacidad política pagada

Dijo alguna vez el presidente Álvaro Uribe que después de ver cómo es el desayuno, uno se puede imaginar cómo va a ser el almuerzo. Y eso precisamente es lo que nos está pasando a los colombianos con la aprobación del referendo reeleccionista.

Después de todas las maromas éticas, políticas y burocráticas que utilizó el gobierno en 2005 para sacar adelante la primera reelección, ¿qué podía esperarse del trámite de esta nueva iniciativa?En un país de amnésicos como Colombia, donde un escándalo es opacado por otro más grande, el episodio de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño no pasa de ser una anécdota; así este par de congresistas hayan sido condenados por la justicia por el delito de cohecho, y estén en la cárcel por vender su voto con conciencia y todo, para ayudar a aprobar la reforma que le dio vida a la primera reelección de Uribe.

Eso de por sí ya debió haber sido motivo más que suficiente para que el presidente asumiera alguna cuota de responsabilidad política, pues fueron varios de sus más cercanos colaboradores quienes pactaron y conspiraron para torcerle el pescuezo a la Constitución en beneficio de Uribe.

Pero no: ni el presidente se da por aludido, ni el resto del país se pellizca. Al primer agripado de la Nación le parece que esa primera reelección no sólo fue legítima, sino también muy merecida; y al colombiano de a pie el asunto no lo trasnocha. Al fin y al cabo, un país lleno de pobreza, con problemas de narcotráfico, desplazamiento forzoso, ejecuciones extrajudiciales, inseguridad y desempleo tiene cosas muy importantes en qué pensar, en vez de ponerse a botarle corriente a la yidis-política.

Y aprovechando ese marasmo, el gobierno se la jugó de nuevo para sacar adelante, como fuera, la aprobación de la ley que convoca el referendo reeleccionista, con nombre propio y apellido. ¿O es que alguien nos quiere hacer comer el cuento de que Álvaro Uribe echó a andar su aplanadora en el Congreso con el único fin de beneficiar a sus sucesores? Con el camino despejado, sólo un milagro, o una grave enfermedad, lo harían desistir de un tercer mandato.

Lo que no sabemos, y no lo sabremos sino cuando ya sea demasiado tarde, es cómo se fraguó y cuánto costó la sombría maniobra que culminó el martes con la conciliación del proyecto de referendo en la Cámara de Representantes. El proceso que se adelanta contra el senador Alirio Villamizar, quien tenía en su residencia mil millones de pesos en efectivo, puede ser apenas la punta del iceberg de todo lo que se negoció tras bambalinas para ‘fortalecer la participación ciudadana’.Todo esto causa urticaria.

Y lo más triste, lo más doloroso, es que nos lo presentan como un proceso transparente; como si hubiera sido una gran fiesta democrática. ¡Guácala!Punto aparte. Si la columnista María Isabel Rueda reconoce que a Uribe le fue mal en la reunión de Bariloche, debe ser porque la cosa resultó desastrosa.

(Del jueves 3 de septiembre de 2009).

Destape de la impunidad

En Colombia

Destape de la impunidad

Temas: Derechos Humanos Impunidad

Edición Nro.: 33

Por: Apolinar Díaz-Callejas Enviar Correo al Autor Más Artículos del Autor

La impunidad para responsables de crímenes contra campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, profesores universitarios y miembros de diversos sectores de la sociedad colombiana continúa. La Fiscalía General de la Nación y otros organismos investigativos no esclarecen los hechos. En ciudades de la Costa Caribe, los ¿sicarios en moto? cometen asesinatos permanentemente.

Ninguno está preso ni se sabe quiénes les suministran las motocicletas y las armas. El gobierno permanece en silencio. El profesor Alfredo Correa de Andreis fue encarcelado por una Fiscalía de Cartagena. Según su familia, ¿por su trabajo con los desplazados?. Hubo enérgica protesta nacional y universitaria que determinó la revocación de la orden de detención. Pero fue asesinado pocas semanas después por ¿sicarios en moto?. En Caño Seco (Arauca), los sindicalistas Alirio Martínez, de Usuarios Campesinos; Leonel Goyeneche, de la CUT, y Jorge Prieto, de la Asociación de Trabajadores Hospitalarios, fueron asesinados por el Ejército, que inventó la mentira de que esos líderes sindicales dispararon contra los soldados.

En Barranquilla fue asesinado por ¿sicarios en moto? el jurista y ex presidente de la CUT Miguel Espinosa Rangel. El crimen está impune. En la Costa, los indígenas han sido víctimas de represión y crímenes paramilitares. Hasta agosto de 2004, habían sido asesinados 221 miembros de la etnia kankuama. La comunidad wayúu le ha rogado al gobierno de Uribe Vélez que les exija a los paramilitares poner fin a los asesinatos de miembros de esa comunidad. El 19 de marzo de 2004, en Guaitarilla (Nariño), murieron, dizque ¿por error?, siete policías y cuatro civiles a manos del Ejército.

La Procuraduría General de la Nación ha pedido la revisión de los procesos, ya que la Fiscalía no encontró responsables. En abril de 2004, en Cajamarca (Tolima), un grupo de soldados les dio muerte a cinco campesinos. Los militares y el Ministro de Defensa dijeron que aquéllos andaban en actividades subversivas, pero se demostró que uno de los campesinos murió por impactos de arma de fuego a menos de 60 centímetros de distancia. Fue un asesinato.

El reciente crimen contra miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida por los campesinos para protegerse de ataques de grupos armados, es escandaloso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno colombiano la protección de esa comunidad. El Estado no ha podido o no ha querido. Más de 150 miembros de ella han sido asesinados. Entre los días 21 y 22 de febrero fueron muertas a garrotazos ocho personas, entre otras, el presidente de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, y su familia. El sacerdote católico Javier Giraldo y la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, vinculados al trabajo de esa comunidad, denunciaron al Ejército como autor del crimen.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y centenares de organismos defensores de los derechos humanos en el mundo han exigido investigación y castigo.

El presidente Uribe Vélez no los condenó. Trató fue de desviar la opinión, atribuyéndolos a las Farc. El gobierno ha caído en el mundo infame de intentar tapar delitos atribuidos a las Fuerzas Armadas. Es el nuevo desafío para el pueblo de Colombia, que siempre respondió con vigor a hechos como esos, como ocurrió el 6 de septiembre de 1952, cuando Carlos Lleras Restrepo denunció al presidente (e) Roberto Urdaneta Arbeláez la masacre de El Líbano, en la que ¿fueron sacrificados más de 1.500 campesinos que no tenían otro delito que el de habitar en la región donde esporádicamente había actuado un grupo guerrillero?. En aquella época, la victoria no fue de la represión oficial. Tampoco lo será ahora.

"Salvar el capitalismo o Salvar el planeta"

Salvar el capitalismo o salvar el planeta

Ultimátum a la Tierra

Temas: Democracia Derechos Humanos Ecología Medio Ambiente Política Sociedad
Edición Nro.: 85

Por: Ignacio Ramonet Enviar Correo al Autor Más Artículos del Autor

No se trata de ser gratuitamente apocalíptico: lo que está en discusión es, sencillamente, la supervivencia de la humanidad. La fina capa atmosférica que rodea la Tierra, cada vez más contaminada, funciona hoy como el manto de polietileno de un invernadero: si todo sigue igual, la temperatura media del planeta subirá por lo menos cuatro grados centígrados, y las consecuencias serán catastróficas.

Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de este mes en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese una pelota de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero. El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1) lo han confirmado indiscutiblemente. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono (CO2), producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán... Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables del África subsahariana, de Asia del Sur y del Sudeste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales.

En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de “refugiados climáticos” a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas… Las “guerras climáticas” proliferarán (3).Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el único modo de lograr que la situación se vuelva controlable.En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague:

Determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves.

Fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que les permita luchar contra los efectos de la catástrofe climática. En esto radica uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada.

Definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios –tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, India, Indonesia, México, Brasil)– a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático.Un sistema despilfarradorSi el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones… Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas… Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la immensidad de las galaxias.De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: “¡Cambiad el sistema, no el clima!” y “Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!”. Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la “batalla de Seattle” que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.

(1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.

(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.

(3) Véanse Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle, traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009, y Gwynne Dyer, Alerte, changement climatique: la menace de guerre, traducido del inglés por Odile Demange, Robert Laffont, París, 2009.

*Director de Le Monde diplomatique, edición España.© Le Monde diplomatique, edición España

Colombia: el dilema de los narcoparamercenarios

Colombia: el dilema de los narcoparamercenarios

Temas: Narcotráfico Paramilitares Violencia, Guerra y Terrorismo
Edición Nro.: 29

Por: Carlos Gutiérrez Enviar Correo al Autor Más Artículos del Autor

Su propósito es la guerra. Nunca la paz. Sus objetivos están cruzados en muchas ocasiones por razones de Estado y siempre por motivaciones económicas individuales. Son los mercenarios, conocidos hoy en todo el mundo como Sociedades Militares Privadas (SMP), dispuestos a vender sus servicios al mejor postor (ver informe especial págs 12-23). En Colombia, su presencia se hizo pública en el año 1987, cuando se transmitió por televisión una parte de la instrucción que el ex oficial israelí Yair Klein le impartía a un grupo de sicarios del famoso narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Luego se conocería que este mismo instructor, junto a otros de procedencia sudafricana, inglesa y estadounidense ¿que llegaron incluso a congregar en una misma época a 28 mercenarios en el país?, instruía a las futuras fuerzas paramilitares. Todo bajo orientación y protección de la CIA (1). No es de extrañar. Los ya viejos manuales de la Doctrina de la Seguridad Nacional promulgada por Estados Unidos plantearon siempre que todas aquellas operaciones susceptibles de enlodar el buen nombre de las entidades oficiales debían encomendarse a fuerzas paramilitares. Nuestro país no fue la excepción, y bastaría recordar el Plan Lazo, proyectado para su aplicación en América Latina a mediados de los sesenta. Aunque de manera oficial nunca ha sido aceptada la relación entre el Estado y los ¿paras?, se conoce que un alto funcionario del Ministerio de Justicia recibió a Yair Klein en el aeropuerto El Dorado. Además, se supo por el testimonio escrito del propio Carlos Castaño que este jefe paramilitar recibió capacitación militar en Israel.

La pregunta es lógica: si no existía apoyo oficial, ¿cómo logra ese objetivo? Narcotraficantes y paramilitarismo El mismo Klein, aceptando su contratación oficial, se quejaba por la ausencia de unidad al interior de la cúpula del gobierno colombiano. Mientras una parte lo invita y lo protege, otra trata de capturarlo. En medio de tal ambigüedad, adelanta varias misiones a través de las cuales da forma al cuerpo de ejército que luego comandaría Castaño. En ese propósito participarán asimismo ¿cinco de los mejores israelíes, los de la contra en grupos sudafricanos y los cuatro ingleses en instrucción aeronáutica y artillería?(2). Los métodos de los paramilitares no se improvisarían. De acuerdo con el mismo documento, ¿esos grupos son degenerados, pero aliados inseparables, su mira principal no son los alzados sino todo el enjambre social de fachada de la izquierda común?. Para conformar ese ejército, los narcotraficantes dispusieron la cooptación de innumerables bandas de criminales urbanos, la más famosa de las cuales, La Terraza, al saber de la decisión del mando paramilitar de asesinar a sus miembros, denunció en noviembre 29 de 2000 la estrecha vinculación entre policía, ejército y narcotraficantes. Recuerde el lector que desde mediados de los años 90 una parte de las acciones armadas de los narcos estuvo camuflada bajo el nombre genérico de ¿Los Pepes? (Perseguidos por Pablo Escobar). A pesar de la gravedad de esta denuncia y del ofrecimiento de los sobrevivientes de La Terraza de someterse a la justicia, ¿siempre y cuando nos brinden garantías de seguridad?(3), el hecho no mereció siquiera un procedimiento de oficio. Con innumerables bandas de esas, reunidas por el dinero y el poder del ¿Señor?, se conformó una fuerza militar que llenó de terror al país, asesinando a decenas de sus mejores hijos.

El documento de La Terraza reconoce los últimos crímenes de esa época: Jesús María Valle, Hernán Henao, Elsa Alvarado, Mario Calderón, Carlos Alvarado, Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón(4). Es necesario preguntar, a esta profundidad del desangre nacional, ¿qué diferencia hay entre una banda de estas y un grupo de mercenarios? Tal vez ninguna, o tal vez que la banda no tiene página web. De narcotraficantes armados a fuerza política Precisa el documento Memorias del paramilitarismo en Colombia: ¿Ahora todo se va a definir en lo social, lo político y la comunicación?. De ahí la decisión de su Conferencia Nacional de organizar un nuevo partido o un Movimiento Social Nacionalista. Desde entonces han pasado cuatro años.

A decir verdad, el propósito está en marcha. Y es todo un proceso armónico. Lograron una parte importante del Congreso (35 por ciento, según Mancuso), sin duda varias alcaldías y brindaron su apoyo sin tapujos a Uribe Vélez. Desde su llegada al gobierno, en una indudable muestra de identidad con la filosofía y propósitos que sustentan los que el Presidente mismo define como ¿mal llamados paramilitares?, éste no ahorra esfuerzos para transformarlos en agrupación política de carácter legal: primero aplazó por siete años la vigencia del Estatuto de Roma; en consecuencia, hasta entonces la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a los criminales que no hayan sido procesados por la justicia colombiana. Reformó la Ley 418 de 1997, que autorizaba al gobierno a negociar con grupos armados que tuvieran status político. La reforma que promovió Uribe cuando llegó al poder suprimió las palabras ¿status político?, justamente el impedimento para poder negociar con los paramilitares.

En agosto pasado, Uribe expidió el Decreto 2767 mediante el cual otorga ¿nuevos beneficios para desmovilizados y reincorporados a la vida civil?. Para completar, y ante el convencimiento de que sólo él podrá obligar a la insurgencia a negociar sin condiciones, el Presidente propone su reelección, para lo cual hace tramitar en el Congreso el respectivo proyecto de reforma constitucional. Pero hay más. Día a día, sin descanso, se difunde por todos los medios de comunicación que la ¿negociación? con los ¿paras? es posible e indispensable.

Con todos los argumentos y valiéndose del anhelo de paz de los colombianos, se plantea que es necesario hacer concesiones si de verdad se desea que algún día podamos vivir sin tantos sobresaltos. Sin duda, un chantaje. Un país con cerca de 60 años de conflicto armado a cuestas, ¡claro que tiene que estar cansado! Y claro que anhela la paz, desde el rezo matutino de quienes asisten a los templos hasta la febril gestión de múltiples comunidades campesinas y urbanas en pro de la justicia. Pero ese fervor no puede ser canalizado sin reparos. La transformación que quieren invisibilizarnos es fenomenal: de narcotraficantes a agrupaciones armadas desarticuladas y enfrentadas entre sí, hasta llegar a paramilitares articulados en un proyecto militar alentado por los Estados Unidos, que pese a todas las medidas tomadas no puede ocultar su tufillo oficial, pasando por los Pepes, para desembocar ahora en una agrupación política en cierne.

Un largo proceso con innumerables asesinados, desplazados, expropiados en el campo y la ciudad, y con todo un país aterrorizado. El pacificador Murillo fue un aprendiz. Un proceso que ni antes ni ahora responde a razones políticas más allá del alegado respeto a la propiedad privada. Que por lo tanto, si de verdad se desea llegar a un acuerdo de paz, debe permitir y estimular un amplio debate nacional sobre los orígenes del conflicto que sobrelleva todo el país, y las medidas o reformas por implementar para desinflarlo. Es decir, reconocer su esencial carácter político. Y que al mismo tiempo debe abrir las ¿negociaciones? de Ralito a toda la sociedad, para que ésta sepa con precisión a qué se le quiere someter. Para que se le explique quiénes son los autores intelectuales y propiciadores del desangre que sufre Colombia. Entre tanto, con presiones de todo tipo y como laboratorio de la mundializada industria militar, los colombianos tenemos que seguir soportando y pagando el alto precio de vivir, junto a Iraq, ¿el principal conflicto privatizado en el mundo?(5).

1. Memorias de paramilitarismo en Colombia, mimeo, p. 5.

2. Ibid.

3. Carta de La Terraza a la opinión pública, noviembre 29 del 2000, p. 7.

4. Ibid, p. 2.

5. En esta edición p. 18-19.

¿Hasta cuándo el embrujo?

Colombia: bajo el signo del autoritarismo
¿Hasta cuándo el embrujo?

Temas: Autoritarismo Democracia Derechos Humanos Latinoamérica Narcotráfico Paramilitares Sociedad Violencia, Guerra y Terrorismo
Edición Nro.: 67
Por: Hector León Moncayo Enviar Correo al Autor Más Artículos del Autor

La crisis política sacude a Colombia. Corrupción, violencia, clientelismo, manipulación, son parte de sus principales evidencias. Tal vez como no le había ocurrido hasta ahora, el presidente Uribe atraviesa sus días más angustiantes. Sin embargo, el miedo acumulado por años de violencia terrorífica y la ausencia de una clara opción política que salga a reclamar verdad, justicia y reparación, además de un verdadero ejercicio democrático del poder, mantiene a la sociedad en la expectativa.

No sería nada extraño que en los próximos días, luego de quizá las peores dos semanas para el gobierno de Álvaro Uribe, una nueva encuesta de opinión volviera a darle una popularidad del 84 por ciento. Esta es la inquietud que hoy se respira en Colombia.Los hechos son significativos. En una entrevista, la representante Yidis Medina confirma que efectivamente el Gobierno y el Presidente directamente habían comprado su voto con la oferta de algunos cargos y otras prebendas para sus partidarios, con el propósito de asegurar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe para un segundo mandato. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia vinculaba nuevos congresistas a los procesos por connivencia con los grupos paramilitares, en lo que se ha dado en llamar el escándalo de la parapolítica, incluyendo a la actual Presidenta del Senado. Casi todos, de la coalición uribista.La reacción del Gobierno fue poner en duda la honestidad de la Corte y en general del poder judicial.

El Ministro del Interior y de Justicia se atrevió a declarar: “Pedimos objetividad y celeridad, que haya certeza. […] Tenemos reservas sobre los elementos con que se han abierto las investigaciones o se ha privado de la libertad a personas. En algunos casos se ha actuado con criterios ligeros para tomar una decisión tan grave como privar de la libertad”. Esta declaración obligó a que todas las Cortes, en conjunto, se pronunciaran exigiendo respeto por parte del Ejecutivo. Meses antes, con la misma estrategia, Uribe había denunciado por calumnia al anterior Presidente de la Corte Suprema y había acusado a un magistrado auxiliar de sobornar delincuentes para que testificaran en contra suya.Entre tanto, la Ley de Justicia y Paz comenzaba a mostrar sus más evidentes limitaciones. La Fiscalía misma denunciaba que los bienes entregados por los paramilitares, para la reparación de las víctimas, eran una burlaii. Días después, la Corte Suprema se aparta de la decisión del gobierno de enviar en extradición a Estados Unidos al paramilitar conocido como Macaco, disponiendo que la extradición sólo puede hacerse efectiva después que haya sido juzgado y cumpla con el compromiso de verdad y reparación en Colombia.

Pero lo peor para el Presidente sucedió el martes 22 de abril, cuando por orden de la Fiscalía fue detenido Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y su principal apoyo político. Lo más grave consiste en que desde el momento en que la situación comenzó a complicarse, intentó eludir la acción de la justicia renunciando a su condición de Senador, para evitar la jurisdicción de la Corte Suprema. Como si fuera poco, tan pronto se enteró de la decisión de la Fiscalía, intentó refugiarse en la Embajada de Costa Rica para solicitar asilo político, en lo que se consideró una burla y por supuesto un golpe político contra su propio primo. En ese momento se discutía un proyecto de “reforma política”, propiciado por el gobierno para resolver la crisis del Congreso.Ante los hechos, no se necesita una especial inteligencia para darse cuenta de que algo anda mal. Si hasta entonces el Gobierno trataba con algún éxito de mostrar que era un problema de los políticos, el incidente del primo –no sólo por la relación familiar sino también por las relaciones políticas– mostraba a las claras que el propio Gobierno, encabezado por Uribe, tenía que estar involucrado con la parapolítica.

Constatación que era obvia en el exterior, incluyendo a Estados Unidos, pero que en Colombia se considera impensable. No obstante, al final de la semana las llamadas a las emisoras de radio y las cartas a los medios escritos mostraban un respaldo al Presidente; las encuestas improvisadas y ligeras de los propios medios comprobaban que los colombianos están de acuerdo con una nueva reelección para un tercer mandato.El enigma del embrujo autoritarioAl comienzo del primer mandato de Uribe, una amplia coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos publicó una primera evaluación crítica a la que dieron el sugestivo título de “El embrujo autoritario”. Se identificaba así, acertadamente, la singularidad de este período de nuestra historia. Sin precedentes. Gobiernos autoritarios ha habido otros, como el de Julio César Turbay, pero sólo el de Uribe ha contado con un amplio respaldo. Es cierto que los resultados electorales pueden ser cuestionados tanto en la elección como en la reelección. El porcentaje de abstención siempre ha sido alto. Además, es comprobable la combinación de clientelismo y coacción que hoy se pone de manifiesto en la parapolítica. Sin contar el poder incontestable del dinero, y por tanto la publicidad, que hace prácticamente imposible el avance significativo de una alternativa popular. El éxito, importante pero limitado del PDA, no hace más que confirmarlo. Sin embargo, y aunque las encuestas siempre son técnica o burdamente sesgadas, es indudable que la popularidad de Uribe existe.

Puede argumentarse que es el resultado del enorme poder de los medios de comunicación. Y es cierto. Dos factores se complementan en nuestro país.

De un lado, la acentuada concentración de los mismos en pocos grupos económicos; de otro, la unanimidad de las clases dominantes en favor de Uribe. En esa forma se ha impuesto en el país un mecanismo diabólico de estrecha cooperación entre los medios y el Gobierno, que opera como un aplastante dispositivo de propaganda oficial. Especialmente a través de los medios ‘calientes’, como la radio y la televisión. El gobierno dirige y ordena la fabricación de las noticias. Puede ocultar o en caso extremo contrarrestar un “nuevo hecho”. Y va de los supuestos hechos a la valoración de los mismos.

El recurso fastidiosamente repetido de la ‘participación’ de la audiencia sirve para ‘verificar’ la opinión pública que el mismo medio crea.Se ha intentado aplicar a propósito de los recientes acontecimientos. Tan pronto se hizo definitivamente incómodo el escándalo de la parapolítica, el ministro Juan Manuel Santos apareció denunciando posibles casos de farcopolítica, es decir, congresistas, periodistas, políticos e intelectuales vinculados con esta organización guerrillera. No había ningún dato convincente pero la noticia estaba hecha. El propósito era claro: la relación de muchos con los paramilitares quedaba equilibrada con la relación de otros con el terrorismo. Como en oportunidades anteriores, se trataba de aclimatar un perdón general.

Al mismo tiempo, continuaba extendiéndose un manto de duda sobre la honestidad de los funcionarios judiciales, que para desgracia de Uribe parecían estar deslindando campos. El propio Presidente siguió con sus ataques, en este caso con la mención de un paramilitar que lo acusaba evidentemente sin ninguna seriedad. Además, con el descubrimiento de un paramilitar que declaraba haber sido objeto de una tentativa de soborno por parte de una organización internacional de izquierda para que testimoniara en contra suya. Los hechos suficientemente escandalosos pretendían arrojar una cortina de humo sobre las implicaciones de la detención de Mario Uribe.Pero el poder de los medios no lo explica todo. Lo peor del embrujo consiste en que a una parte del país parece no importarle que las evidencias inculpen a Uribe o que sus acciones sean equivocadas, autoritarias o corruptas. Esa es la explicación de la sensación de impotencia y la parálisis que parece haber invadido a la oposición política y social. No importa lo que se descubra y se denuncie.

Se habla mucho de la “verdad”, pero la verdad en Colombia se ha vuelto inocua, inútil.El miedo a la libertad y sus compensaciones. En efecto, aparte de la manipulación existe un receptor que la acepta. Y no por ingenuidad sino por necesidad. Nuestro país llegó a una condición en que hombres y mujeres, después de largos años de ver negados su ejercicio de la libertad y la reivindicación de sus derechos, tienden a proyectarse en un personaje que supuestamente puede satisfacer sus necesidades. No se trata de creerlo sino de la necesidad de creer. El tradicional escepticismo colombiano se transforma en fe. Y en ese propósito se rodea de atributos al personaje destinatario de la enajenación.Como es sabido, Uribe llamó a su política “seguridad democrática”.

El calificativo de democrática es sin duda para el consumo intelectual, sobre todo en el exterior. A la ciudadanía del común lo que le interesa es la seguridad. Una seguridad ilusoria en la medida en que, al preguntar respecto de qué, la seguridad no tiene que ver con factores sociales y económicos y ni siquiera con la violencia delincuencial, sino de manera precisa con el enemigo que se construye: el terrorismo. Tampoco tiene que ver con resultados, pues, si bien es cierto que se ha incrementado el gasto militar y no faltan las estadísticas amañadas, lo que cuenta es la voluntad, la imagen de ‘mano dura”. Imagen que se construye sobre la base de una relectura de los gobiernos anteriores que los hace aparecer como ‘débiles’.

El personaje, en sí mismo, no es gran cosa. Casi nunca en la historia de la humanidad se ha necesitado una cualidad especial para este tipo de personajes. Se han construido para brindar confianza. En primer lugar, a partir de la seguridad en sí mismo que exhibe el personaje. Uribe, en este sentido, combina los atributos tradicionales de la autoridad patriarcal y católica con los más recientes del ‘atravesado’ que no le teme a nada, del fatalista que arriesga la vida y es capaz de ajustar cuentas con el enemigo y el traidor, endiosado por la cultura de la mafia narcotraficante. Por eso va de la mano con un proceso de legitimación de los paramilitares que hasta los más encumbrados intelectuales no dudan en calificar de “mal necesario” y respuesta a los desmanes de la guerrilla.

El mérito de Uribe consiste en no fallarle a la imagen indispensable. Cuando habla, combina el estilo del padre autoritario que suele castigar por el bien de los hijos, y el del cura que detenta el monopolio de lo que es el bien y lo que es el mal. De este modo, la amenaza implícita logra expresarse en la forma de consejo. No puede menos, en consecuencia, que proporcionar seguridad y tranquilidad a sus oyentes. Hay un sustrato de moralismo que entra muy bien en sintonía con la tradición católica del pueblo colombiano. Y sucede como con todos los moralismos. El lugar desde donde habla, desde arriba, no permite la controversia; la definición dogmática del bien y el mal es cosa suya. Por eso, no importan las críticas y las denuncias. Niega todo referente ético que permita el juicio. Él es el único referente.

En ese orden de ideas Uribe, por sí solo, es el mayor golpe que se le ha dado al Estado social de Derecho. Lo social queda reducido al paternalismo del Presidente, quien, por cierto, no ahorra esfuerzo alguno para promoverlo. Pero lo más significativo es que quiebra definitivamente toda noción de Estado de Derecho. Ni siquiera cabe preguntarse si existe; a los ojos del pueblo, no es necesario. Puede llegar a ser un estorbo. La autoridad no proviene aquí de las normas, de reglas preexistentes, sino de la exhibición de la fuerza, de la capacidad del Presidente moralmente incuestionable. Entre más libre se encuentre para imponer su voluntad, tanto mejor.

Significado histórico del embrujo a pesar de todo, Uribe es enteramente explicable. Es una suerte de desenlace histórico que revela dos incapacidades contrapuestas. La de la burguesía para dotarse de una dirigencia de calidad, de verdaderos estadistas con posibilidades de encabezar un proyecto histórico, y la de los movimientos sociales tradicionalmente subordinados para ofrecer una alternativa.

En Colombia, probablemente hubo una crisis revolucionaria a comienzos de los años 80 del siglo pasado, crisis que no dio lugar a una alternativa histórica, la cual fue reemplazada por la ilusión del éxito narcotraficante. Con Betancur fracasado, despareció la imagen del dirigente político. Y llegó Barco, a punto de perder la lucidez, para representar el comienzo del dominio de la tecnocracia neoliberal mientras el país se derrumbaba. En 1990, en medio de la violencia más atroz, Gaviria le da la bienvenida a un futuro que no era más que la subordinación pasiva a las leyes del mercado. Y lo que pudiera llamarse izquierda se encargó de promocionar no una solución de carne y hueso sino una entelequia, la nueva Constitución.Luego vino Samper, el cinismo disfrazado de humor. De la nueva Constitución sólo quedaba la figura de la acción de tutela y cada vez mayores frustraciones. La demagogia ‘social’ de Samper no podía ocultar la corrupción y el predominio del narcotráfico. Y en contra de su desprestigio, se nos vendió a Pastrana, verdadera proeza de la mercadotecnia que nos hizo probar el mayor fiasco de la historia. La violencia proseguía su camino, dando la impresión de un simple desorden.

Se necesitaba una figura de autoridad. A falta de estadistas, se echó mano de alguien que, si bien distaba de serlo, por lo menos encarnaba la vieja imagen reconocible y tranquilizadora del padre punitivo, que se había enseñoreado durante el oscuro período de la otra violencia, la misma imagen que la generación de los 70 había querido abolir. Habían pasado muchos años y un completo relevo generacional en la sociedad colombiana. Pero de la decadencia del viejo orden burgués, que se resiste a perecer, sólo podía salir un retorno al pasado rural, acondicionado en la cultura mafiosa impuesta por los señores del narcotráfico y la guerra.

Es la contraparte de la resurrección de la ideología del mercado, según la cual no existe autoridad personal sobre nosotros sino una mano invisible, automática, cuyas leyes nos obligan sin que haya un responsable visible.Cuando se dice autoridad, se evoca la fuerza. Uribe, en efecto, engendra temor, y por ello es importante para cada ciudadano que la fuerza se use contra “el otro”; por ello, es tan fundamental que “el otro” sea definido claramente, para diferenciarse de él y evitar convertirse en víctima. Y lo decisivo en este caso no es el ejercicio actual de la fuerza. Se trata de su ejercicio en el pasado, un ejercicio prolongado en el tiempo, de modo tal que ha llegado a ser configuración psicológica originaria para los colombianos de hoy.

Es la imagen de los vencedores; de quienes han usado la fuerza de la manera más atroz. Trae a la mente el espectro de los mochacabezas y las motosierras.Es por esto que el Presidente no tiene apuro en aplicar la fuerza en el día de hoy; su amenaza opera más que todo desde el recuerdo. De ahí que muchos duden en calificarlo de dictador. Ejerce sí la arbitrariedad, símbolo de que la fuerza existe y se puede descargar de manera implacable. No es, entonces, como Pinochet, que se levantó sobre la represión y la violencia que él mismo ejerció desde el poder. Uribe llega después, es un heredero, un portavoz, y llega al poder para administrar la victoria.Sin embargo, todo autoritarismo, con su embrujo, está sometido también a las leyes de la erosión y el desgaste. Es cierto que la autoridad no es un simple factor externo; está incorporada en la psicología de quienes la aceptan. En este hecho se combinan determinantes individuales y condiciones sociales e históricas que lo hacen posible. Pero está sometido al tiempo. Un tiempo de maduración individual y social (4).

1. El Tiempo, 20 de abril de 2008, p. 1-4.2 ob. cit.,

2. ibídem.

3. Ver desde abajo, marzo 15-abril 15 de 2008.

4. Sennett, R., La autoridad, Alianza Universidad Madrid, 1982 .

"Al dinero más dinero, a la pobreza más pobreza y Colombia sigue igual y cada vez peor" por Héctor Gutiérrez

Nuestro país cada vez más sumido en problemas mayores de injusticia social, cada día los problemas de corrupción más agudos, cada día las familias ricas más ricas y las pobres más cercanas a la miseria. Y la confusión de todo cuanto sucede más confusa. El país de "Guate-MALA a Guate-PEOR", y los responsables más irresponsables y más cínicos. El tema de la sociedad colombiana cada vez más lejos de las soluciones que se piden y que se hacen más urgentes por ser cada vez más urgentes. Si nos atrevemos a decir que a Colombia "se la ha llevado el diablo", el diablo seguro dirá que él no se la llevó, sino que a él se la trajeron.

La situación ha llegado a situaciones extremas y complejas, y no sabemos, con la capacidad del ciudadano colombiano de ir a extremos, hasta donde alcanzará a llegar esta crisis tan lamentable. El tope ha excedido cualquier nivel de tolerancia y los excesos de la corrupción son los más evidentes.

Sin autoridad moral y sin ética, ciudadanos y representantes de gobierno chocamos contra una realidad que cada vez es más caótica y menos confiable. En el panorama global todo está en una crisis que asusta por sus dimensiones y consecuencias y a nivel nacional, regional y local también estamos entrados en pánico. Como dicen los estúpidos locutores de los "medios masivos de alienación": "El mundo se va acabar", si, "el fin está próximo". El panorama global es cada vez más digno de tristeza, angustia, desolación y desconfianza.

Como vemos, el imperialismo más afianzado como imperio, el abuso de los poderosos sobre los desprotegidos más extremo y las consecuencias de la situación más extremas. Las mentiras más mentidas, pero extrañamente más creídas en las mentes de los ingenuos electores que marchan enceguecidos a seguir eligiendo gobernantes que ni los representan ni los reconocen, ni los escuchan.

La demagogia y la retórica falsificada de los gobernantes más difundida por los "medios masivos de alienación" y Colombia más confundida, más atrasada en educación y concienciación política, es decir, más Colombia (a la manera como le conviene a los gobernantes que desde siglos "malgobiernan" en el país, con la complicidad ingenua y solapada de ciudadanos anestiados por no se sabe que tipo de sedante sociopolítico, sociocultural y socioeconómico, que cada vez es más fuerte, porque el sueño y los ronquidos de los bellos durmientes colombianos es cada vez más fuerte y más profundo mientras la crisis, la situación y la realidad son cada vez más insostenibles y más agudas. ¿Hasta cuándo? -Pregunta del millón- Esperemos que la respuesta no sea: "Hasta siempre, como hasta hoy ha sido".

(Corrupción o coincidencia)

http://www.youtube.com/watch?v=zLQmr2jwAdA

http://www.youtube.com/watch?v=4HEDkj2QoT0&feature=related