martes, 22 de diciembre de 2009

"Salvar el capitalismo o Salvar el planeta"

Salvar el capitalismo o salvar el planeta
Ultimátum a la Tierra
No se trata de ser gratuitamente apocalíptico: lo que está en discusión es, sencillamente, la supervivencia de la humanidad. La fina capa atmosférica que rodea la Tierra, cada vez más contaminada, funciona hoy como el manto de polietileno de un invernadero: si todo sigue igual, la temperatura media del planeta subirá por lo menos cuatro grados centígrados, y las consecuencias serán catastróficas.
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de este mes en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese una pelota de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero. El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1) lo han confirmado indiscutiblemente. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono (CO2), producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán... Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables del África subsahariana, de Asia del Sur y del Sudeste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales.
En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de “refugiados climáticos” a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas… Las “guerras climáticas” proliferarán (3).Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el único modo de lograr que la situación se vuelva controlable.En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague:
Determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves.
Fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que les permita luchar contra los efectos de la catástrofe climática. En esto radica uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada.
Definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios –tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, India, Indonesia, México, Brasil)– a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático.Un sistema despilfarradorSi el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones… Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas… Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la immensidad de las galaxias.De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: “¡Cambiad el sistema, no el clima!” y “Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!”. Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la “batalla de Seattle” que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.
(1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Véanse Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle, traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009, y Gwynne Dyer, Alerte, changement climatique: la menace de guerre, traducido del inglés por Odile Demange, Robert Laffont, París, 2009.
*Director de Le Monde diplomatique, edición España.© Le Monde diplomatique, edición España

domingo, 8 de noviembre de 2009

Colombia: el dilema de los narcoparamercenarios

Colombia: el dilema de los narcoparamercenarios
Su propósito es la guerra. Nunca la paz. Sus objetivos están cruzados en muchas ocasiones por razones de Estado y siempre por motivaciones económicas individuales. Son los mercenarios, conocidos hoy en todo el mundo como Sociedades Militares Privadas (SMP), dispuestos a vender sus servicios al mejor postor (ver informe especial págs 12-23). En Colombia, su presencia se hizo pública en el año 1987, cuando se transmitió por televisión una parte de la instrucción que el ex oficial israelí Yair Klein le impartía a un grupo de sicarios del famoso narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Luego se conocería que este mismo instructor, junto a otros de procedencia sudafricana, inglesa y estadounidense ¿que llegaron incluso a congregar en una misma época a 28 mercenarios en el país?, instruía a las futuras fuerzas paramilitares. Todo bajo orientación y protección de la CIA (1). No es de extrañar. Los ya viejos manuales de la Doctrina de la Seguridad Nacional promulgada por Estados Unidos plantearon siempre que todas aquellas operaciones susceptibles de enlodar el buen nombre de las entidades oficiales debían encomendarse a fuerzas paramilitares. Nuestro país no fue la excepción, y bastaría recordar el Plan Lazo, proyectado para su aplicación en América Latina a mediados de los sesenta. Aunque de manera oficial nunca ha sido aceptada la relación entre el Estado y los ¿paras?, se conoce que un alto funcionario del Ministerio de Justicia recibió a Yair Klein en el aeropuerto El Dorado. Además, se supo por el testimonio escrito del propio Carlos Castaño que este jefe paramilitar recibió capacitación militar en Israel.
La pregunta es lógica: si no existía apoyo oficial, ¿cómo logra ese objetivo? Narcotraficantes y paramilitarismo El mismo Klein, aceptando su contratación oficial, se quejaba por la ausencia de unidad al interior de la cúpula del gobierno colombiano. Mientras una parte lo invita y lo protege, otra trata de capturarlo. En medio de tal ambigüedad, adelanta varias misiones a través de las cuales da forma al cuerpo de ejército que luego comandaría Castaño. En ese propósito participarán asimismo ¿cinco de los mejores israelíes, los de la contra en grupos sudafricanos y los cuatro ingleses en instrucción aeronáutica y artillería?(2). Los métodos de los paramilitares no se improvisarían. De acuerdo con el mismo documento, ¿esos grupos son degenerados, pero aliados inseparables, su mira principal no son los alzados sino todo el enjambre social de fachada de la izquierda común?. Para conformar ese ejército, los narcotraficantes dispusieron la cooptación de innumerables bandas de criminales urbanos, la más famosa de las cuales, La Terraza, al saber de la decisión del mando paramilitar de asesinar a sus miembros, denunció en noviembre 29 de 2000 la estrecha vinculación entre policía, ejército y narcotraficantes. Recuerde el lector que desde mediados de los años 90 una parte de las acciones armadas de los narcos estuvo camuflada bajo el nombre genérico de ¿Los Pepes? (Perseguidos por Pablo Escobar). A pesar de la gravedad de esta denuncia y del ofrecimiento de los sobrevivientes de La Terraza de someterse a la justicia, ¿siempre y cuando nos brinden garantías de seguridad?(3), el hecho no mereció siquiera un procedimiento de oficio. Con innumerables bandas de esas, reunidas por el dinero y el poder del ¿Señor?, se conformó una fuerza militar que llenó de terror al país, asesinando a decenas de sus mejores hijos.
El documento de La Terraza reconoce los últimos crímenes de esa época: Jesús María Valle, Hernán Henao, Elsa Alvarado, Mario Calderón, Carlos Alvarado, Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón(4). Es necesario preguntar, a esta profundidad del desangre nacional, ¿qué diferencia hay entre una banda de estas y un grupo de mercenarios? Tal vez ninguna, o tal vez que la banda no tiene página web. De narcotraficantes armados a fuerza política Precisa el documento Memorias del paramilitarismo en Colombia: ¿Ahora todo se va a definir en lo social, lo político y la comunicación?. De ahí la decisión de su Conferencia Nacional de organizar un nuevo partido o un Movimiento Social Nacionalista. Desde entonces han pasado cuatro años.
A decir verdad, el propósito está en marcha. Y es todo un proceso armónico. Lograron una parte importante del Congreso (35 por ciento, según Mancuso), sin duda varias alcaldías y brindaron su apoyo sin tapujos a Uribe Vélez. Desde su llegada al gobierno, en una indudable muestra de identidad con la filosofía y propósitos que sustentan los que el Presidente mismo define como ¿mal llamados paramilitares?, éste no ahorra esfuerzos para transformarlos en agrupación política de carácter legal: primero aplazó por siete años la vigencia del Estatuto de Roma; en consecuencia, hasta entonces la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a los criminales que no hayan sido procesados por la justicia colombiana. Reformó la Ley 418 de 1997, que autorizaba al gobierno a negociar con grupos armados que tuvieran status político. La reforma que promovió Uribe cuando llegó al poder suprimió las palabras ¿status político?, justamente el impedimento para poder negociar con los paramilitares.
En agosto pasado, Uribe expidió el Decreto 2767 mediante el cual otorga ¿nuevos beneficios para desmovilizados y reincorporados a la vida civil?. Para completar, y ante el convencimiento de que sólo él podrá obligar a la insurgencia a negociar sin condiciones, el Presidente propone su reelección, para lo cual hace tramitar en el Congreso el respectivo proyecto de reforma constitucional. Pero hay más. Día a día, sin descanso, se difunde por todos los medios de comunicación que la ¿negociación? con los ¿paras? es posible e indispensable.
Con todos los argumentos y valiéndose del anhelo de paz de los colombianos, se plantea que es necesario hacer concesiones si de verdad se desea que algún día podamos vivir sin tantos sobresaltos. Sin duda, un chantaje. Un país con cerca de 60 años de conflicto armado a cuestas, ¡claro que tiene que estar cansado! Y claro que anhela la paz, desde el rezo matutino de quienes asisten a los templos hasta la febril gestión de múltiples comunidades campesinas y urbanas en pro de la justicia. Pero ese fervor no puede ser canalizado sin reparos. La transformación que quieren invisibilizarnos es fenomenal: de narcotraficantes a agrupaciones armadas desarticuladas y enfrentadas entre sí, hasta llegar a paramilitares articulados en un proyecto militar alentado por los Estados Unidos, que pese a todas las medidas tomadas no puede ocultar su tufillo oficial, pasando por los Pepes, para desembocar ahora en una agrupación política en cierne.
Un largo proceso con innumerables asesinados, desplazados, expropiados en el campo y la ciudad, y con todo un país aterrorizado. El pacificador Murillo fue un aprendiz. Un proceso que ni antes ni ahora responde a razones políticas más allá del alegado respeto a la propiedad privada. Que por lo tanto, si de verdad se desea llegar a un acuerdo de paz, debe permitir y estimular un amplio debate nacional sobre los orígenes del conflicto que sobrelleva todo el país, y las medidas o reformas por implementar para desinflarlo. Es decir, reconocer su esencial carácter político. Y que al mismo tiempo debe abrir las ¿negociaciones? de Ralito a toda la sociedad, para que ésta sepa con precisión a qué se le quiere someter. Para que se le explique quiénes son los autores intelectuales y propiciadores del desangre que sufre Colombia. Entre tanto, con presiones de todo tipo y como laboratorio de la mundializada industria militar, los colombianos tenemos que seguir soportando y pagando el alto precio de vivir, junto a Iraq, ¿el principal conflicto privatizado en el mundo?(5).
1. Memorias de paramilitarismo en Colombia, mimeo, p. 5.
2. Ibid.
3. Carta de La Terraza a la opinión pública, noviembre 29 del 2000, p. 7.
4. Ibid, p. 2.
5. En esta edición p. 18-19.

miércoles, 28 de octubre de 2009

¿Hasta cuándo el embrujo?

Colombia: bajo el signo del autoritarismo
¿Hasta cuándo el embrujo?
La crisis política sacude a Colombia. Corrupción, violencia, clientelismo, manipulación, son parte de sus principales evidencias. Tal vez como no le había ocurrido hasta ahora, el presidente Uribe atraviesa sus días más angustiantes. Sin embargo, el miedo acumulado por años de violencia terrorífica y la ausencia de una clara opción política que salga a reclamar verdad, justicia y reparación, además de un verdadero ejercicio democrático del poder, mantiene a la sociedad en la expectativa.
No sería nada extraño que en los próximos días, luego de quizá las peores dos semanas para el gobierno de Álvaro Uribe, una nueva encuesta de opinión volviera a darle una popularidad del 84 por ciento. Esta es la inquietud que hoy se respira en Colombia.Los hechos son significativos. En una entrevista, la representante Yidis Medina confirma que efectivamente el Gobierno y el Presidente directamente habían comprado su voto con la oferta de algunos cargos y otras prebendas para sus partidarios, con el propósito de asegurar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe para un segundo mandato. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia vinculaba nuevos congresistas a los procesos por connivencia con los grupos paramilitares, en lo que se ha dado en llamar el escándalo de la parapolítica, incluyendo a la actual Presidenta del Senado. Casi todos, de la coalición uribista.La reacción del Gobierno fue poner en duda la honestidad de la Corte y en general del poder judicial.
El Ministro del Interior y de Justicia se atrevió a declarar: “Pedimos objetividad y celeridad, que haya certeza. […] Tenemos reservas sobre los elementos con que se han abierto las investigaciones o se ha privado de la libertad a personas. En algunos casos se ha actuado con criterios ligeros para tomar una decisión tan grave como privar de la libertad”. Esta declaración obligó a que todas las Cortes, en conjunto, se pronunciaran exigiendo respeto por parte del Ejecutivo. Meses antes, con la misma estrategia, Uribe había denunciado por calumnia al anterior Presidente de la Corte Suprema y había acusado a un magistrado auxiliar de sobornar delincuentes para que testificaran en contra suya.Entre tanto, la Ley de Justicia y Paz comenzaba a mostrar sus más evidentes limitaciones. La Fiscalía misma denunciaba que los bienes entregados por los paramilitares, para la reparación de las víctimas, eran una burlaii. Días después, la Corte Suprema se aparta de la decisión del gobierno de enviar en extradición a Estados Unidos al paramilitar conocido como Macaco, disponiendo que la extradición sólo puede hacerse efectiva después que haya sido juzgado y cumpla con el compromiso de verdad y reparación en Colombia.
Pero lo peor para el Presidente sucedió el martes 22 de abril, cuando por orden de la Fiscalía fue detenido Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y su principal apoyo político. Lo más grave consiste en que desde el momento en que la situación comenzó a complicarse, intentó eludir la acción de la justicia renunciando a su condición de Senador, para evitar la jurisdicción de la Corte Suprema. Como si fuera poco, tan pronto se enteró de la decisión de la Fiscalía, intentó refugiarse en la Embajada de Costa Rica para solicitar asilo político, en lo que se consideró una burla y por supuesto un golpe político contra su propio primo. En ese momento se discutía un proyecto de “reforma política”, propiciado por el gobierno para resolver la crisis del Congreso.Ante los hechos, no se necesita una especial inteligencia para darse cuenta de que algo anda mal. Si hasta entonces el Gobierno trataba con algún éxito de mostrar que era un problema de los políticos, el incidente del primo –no sólo por la relación familiar sino también por las relaciones políticas– mostraba a las claras que el propio Gobierno, encabezado por Uribe, tenía que estar involucrado con la parapolítica.
Constatación que era obvia en el exterior, incluyendo a Estados Unidos, pero que en Colombia se considera impensable. No obstante, al final de la semana las llamadas a las emisoras de radio y las cartas a los medios escritos mostraban un respaldo al Presidente; las encuestas improvisadas y ligeras de los propios medios comprobaban que los colombianos están de acuerdo con una nueva reelección para un tercer mandato.El enigma del embrujo autoritarioAl comienzo del primer mandato de Uribe, una amplia coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos publicó una primera evaluación crítica a la que dieron el sugestivo título de “El embrujo autoritario”. Se identificaba así, acertadamente, la singularidad de este período de nuestra historia. Sin precedentes. Gobiernos autoritarios ha habido otros, como el de Julio César Turbay, pero sólo el de Uribe ha contado con un amplio respaldo. Es cierto que los resultados electorales pueden ser cuestionados tanto en la elección como en la reelección. El porcentaje de abstención siempre ha sido alto. Además, es comprobable la combinación de clientelismo y coacción que hoy se pone de manifiesto en la parapolítica. Sin contar el poder incontestable del dinero, y por tanto la publicidad, que hace prácticamente imposible el avance significativo de una alternativa popular. El éxito, importante pero limitado del PDA, no hace más que confirmarlo. Sin embargo, y aunque las encuestas siempre son técnica o burdamente sesgadas, es indudable que la popularidad de Uribe existe.
Puede argumentarse que es el resultado del enorme poder de los medios de comunicación. Y es cierto. Dos factores se complementan en nuestro país.
De un lado, la acentuada concentración de los mismos en pocos grupos económicos; de otro, la unanimidad de las clases dominantes en favor de Uribe. En esa forma se ha impuesto en el país un mecanismo diabólico de estrecha cooperación entre los medios y el Gobierno, que opera como un aplastante dispositivo de propaganda oficial. Especialmente a través de los medios ‘calientes’, como la radio y la televisión. El gobierno dirige y ordena la fabricación de las noticias. Puede ocultar o en caso extremo contrarrestar un “nuevo hecho”. Y va de los supuestos hechos a la valoración de los mismos.
El recurso fastidiosamente repetido de la ‘participación’ de la audiencia sirve para ‘verificar’ la opinión pública que el mismo medio crea.Se ha intentado aplicar a propósito de los recientes acontecimientos. Tan pronto se hizo definitivamente incómodo el escándalo de la parapolítica, el ministro Juan Manuel Santos apareció denunciando posibles casos de farcopolítica, es decir, congresistas, periodistas, políticos e intelectuales vinculados con esta organización guerrillera. No había ningún dato convincente pero la noticia estaba hecha. El propósito era claro: la relación de muchos con los paramilitares quedaba equilibrada con la relación de otros con el terrorismo. Como en oportunidades anteriores, se trataba de aclimatar un perdón general.
Al mismo tiempo, continuaba extendiéndose un manto de duda sobre la honestidad de los funcionarios judiciales, que para desgracia de Uribe parecían estar deslindando campos. El propio Presidente siguió con sus ataques, en este caso con la mención de un paramilitar que lo acusaba evidentemente sin ninguna seriedad. Además, con el descubrimiento de un paramilitar que declaraba haber sido objeto de una tentativa de soborno por parte de una organización internacional de izquierda para que testimoniara en contra suya. Los hechos suficientemente escandalosos pretendían arrojar una cortina de humo sobre las implicaciones de la detención de Mario Uribe.Pero el poder de los medios no lo explica todo. Lo peor del embrujo consiste en que a una parte del país parece no importarle que las evidencias inculpen a Uribe o que sus acciones sean equivocadas, autoritarias o corruptas. Esa es la explicación de la sensación de impotencia y la parálisis que parece haber invadido a la oposición política y social. No importa lo que se descubra y se denuncie.
Se habla mucho de la “verdad”, pero la verdad en Colombia se ha vuelto inocua, inútil.El miedo a la libertad y sus compensaciones. En efecto, aparte de la manipulación existe un receptor que la acepta. Y no por ingenuidad sino por necesidad. Nuestro país llegó a una condición en que hombres y mujeres, después de largos años de ver negados su ejercicio de la libertad y la reivindicación de sus derechos, tienden a proyectarse en un personaje que supuestamente puede satisfacer sus necesidades. No se trata de creerlo sino de la necesidad de creer. El tradicional escepticismo colombiano se transforma en fe. Y en ese propósito se rodea de atributos al personaje destinatario de la enajenación.Como es sabido, Uribe llamó a su política “seguridad democrática”.
El calificativo de democrática es sin duda para el consumo intelectual, sobre todo en el exterior. A la ciudadanía del común lo que le interesa es la seguridad. Una seguridad ilusoria en la medida en que, al preguntar respecto de qué, la seguridad no tiene que ver con factores sociales y económicos y ni siquiera con la violencia delincuencial, sino de manera precisa con el enemigo que se construye: el terrorismo. Tampoco tiene que ver con resultados, pues, si bien es cierto que se ha incrementado el gasto militar y no faltan las estadísticas amañadas, lo que cuenta es la voluntad, la imagen de ‘mano dura”. Imagen que se construye sobre la base de una relectura de los gobiernos anteriores que los hace aparecer como ‘débiles’.
El personaje, en sí mismo, no es gran cosa. Casi nunca en la historia de la humanidad se ha necesitado una cualidad especial para este tipo de personajes. Se han construido para brindar confianza. En primer lugar, a partir de la seguridad en sí mismo que exhibe el personaje. Uribe, en este sentido, combina los atributos tradicionales de la autoridad patriarcal y católica con los más recientes del ‘atravesado’ que no le teme a nada, del fatalista que arriesga la vida y es capaz de ajustar cuentas con el enemigo y el traidor, endiosado por la cultura de la mafia narcotraficante. Por eso va de la mano con un proceso de legitimación de los paramilitares que hasta los más encumbrados intelectuales no dudan en calificar de “mal necesario” y respuesta a los desmanes de la guerrilla.
El mérito de Uribe consiste en no fallarle a la imagen indispensable. Cuando habla, combina el estilo del padre autoritario que suele castigar por el bien de los hijos, y el del cura que detenta el monopolio de lo que es el bien y lo que es el mal. De este modo, la amenaza implícita logra expresarse en la forma de consejo. No puede menos, en consecuencia, que proporcionar seguridad y tranquilidad a sus oyentes. Hay un sustrato de moralismo que entra muy bien en sintonía con la tradición católica del pueblo colombiano. Y sucede como con todos los moralismos. El lugar desde donde habla, desde arriba, no permite la controversia; la definición dogmática del bien y el mal es cosa suya. Por eso, no importan las críticas y las denuncias. Niega todo referente ético que permita el juicio. Él es el único referente.
En ese orden de ideas Uribe, por sí solo, es el mayor golpe que se le ha dado al Estado social de Derecho. Lo social queda reducido al paternalismo del Presidente, quien, por cierto, no ahorra esfuerzo alguno para promoverlo. Pero lo más significativo es que quiebra definitivamente toda noción de Estado de Derecho. Ni siquiera cabe preguntarse si existe; a los ojos del pueblo, no es necesario. Puede llegar a ser un estorbo. La autoridad no proviene aquí de las normas, de reglas preexistentes, sino de la exhibición de la fuerza, de la capacidad del Presidente moralmente incuestionable. Entre más libre se encuentre para imponer su voluntad, tanto mejor.
Significado histórico del embrujo a pesar de todo, Uribe es enteramente explicable. Es una suerte de desenlace histórico que revela dos incapacidades contrapuestas. La de la burguesía para dotarse de una dirigencia de calidad, de verdaderos estadistas con posibilidades de encabezar un proyecto histórico, y la de los movimientos sociales tradicionalmente subordinados para ofrecer una alternativa.
En Colombia, probablemente hubo una crisis revolucionaria a comienzos de los años 80 del siglo pasado, crisis que no dio lugar a una alternativa histórica, la cual fue reemplazada por la ilusión del éxito narcotraficante. Con Betancur fracasado, despareció la imagen del dirigente político. Y llegó Barco, a punto de perder la lucidez, para representar el comienzo del dominio de la tecnocracia neoliberal mientras el país se derrumbaba. En 1990, en medio de la violencia más atroz, Gaviria le da la bienvenida a un futuro que no era más que la subordinación pasiva a las leyes del mercado. Y lo que pudiera llamarse izquierda se encargó de promocionar no una solución de carne y hueso sino una entelequia, la nueva Constitución.Luego vino Samper, el cinismo disfrazado de humor. De la nueva Constitución sólo quedaba la figura de la acción de tutela y cada vez mayores frustraciones. La demagogia ‘social’ de Samper no podía ocultar la corrupción y el predominio del narcotráfico. Y en contra de su desprestigio, se nos vendió a Pastrana, verdadera proeza de la mercadotecnia que nos hizo probar el mayor fiasco de la historia. La violencia proseguía su camino, dando la impresión de un simple desorden.
Se necesitaba una figura de autoridad. A falta de estadistas, se echó mano de alguien que, si bien distaba de serlo, por lo menos encarnaba la vieja imagen reconocible y tranquilizadora del padre punitivo, que se había enseñoreado durante el oscuro período de la otra violencia, la misma imagen que la generación de los 70 había querido abolir. Habían pasado muchos años y un completo relevo generacional en la sociedad colombiana. Pero de la decadencia del viejo orden burgués, que se resiste a perecer, sólo podía salir un retorno al pasado rural, acondicionado en la cultura mafiosa impuesta por los señores del narcotráfico y la guerra.
Es la contraparte de la resurrección de la ideología del mercado, según la cual no existe autoridad personal sobre nosotros sino una mano invisible, automática, cuyas leyes nos obligan sin que haya un responsable visible.Cuando se dice autoridad, se evoca la fuerza. Uribe, en efecto, engendra temor, y por ello es importante para cada ciudadano que la fuerza se use contra “el otro”; por ello, es tan fundamental que “el otro” sea definido claramente, para diferenciarse de él y evitar convertirse en víctima. Y lo decisivo en este caso no es el ejercicio actual de la fuerza. Se trata de su ejercicio en el pasado, un ejercicio prolongado en el tiempo, de modo tal que ha llegado a ser configuración psicológica originaria para los colombianos de hoy.
Es la imagen de los vencedores; de quienes han usado la fuerza de la manera más atroz. Trae a la mente el espectro de los mochacabezas y las motosierras.Es por esto que el Presidente no tiene apuro en aplicar la fuerza en el día de hoy; su amenaza opera más que todo desde el recuerdo. De ahí que muchos duden en calificarlo de dictador. Ejerce sí la arbitrariedad, símbolo de que la fuerza existe y se puede descargar de manera implacable. No es, entonces, como Pinochet, que se levantó sobre la represión y la violencia que él mismo ejerció desde el poder. Uribe llega después, es un heredero, un portavoz, y llega al poder para administrar la victoria.Sin embargo, todo autoritarismo, con su embrujo, está sometido también a las leyes de la erosión y el desgaste. Es cierto que la autoridad no es un simple factor externo; está incorporada en la psicología de quienes la aceptan. En este hecho se combinan determinantes individuales y condiciones sociales e históricas que lo hacen posible. Pero está sometido al tiempo. Un tiempo de maduración individual y social (4).
1. El Tiempo, 20 de abril de 2008, p. 1-4.2 ob. cit.,
2. ibídem.
3. Ver desde abajo, marzo 15-abril 15 de 2008.
4. Sennett, R., La autoridad, Alianza Universidad Madrid, 1982 .

miércoles, 7 de octubre de 2009

"Al dinero más dinero, a la pobreza más pobreza y Colombia sigue igual y cada vez peor" por Héctor Gutiérrez

Nuestro país cada vez más sumido en problemas mayores de injusticia social, cada día los problemas de corrupción más agudos, cada día las familias ricas más ricas y las pobres más cercanas a la miseria. Y la confusión de todo cuanto sucede más confusa. El país de "Guate-MALA a Guate-PEOR", y los responsables más irresponsables y más cínicos. El tema de la sociedad colombiana cada vez más lejos de las soluciones que se piden y que se hacen más urgentes por ser cada vez más urgentes. Si nos atrevemos a decir que a Colombia "se la ha llevado el diablo", el diablo seguro dirá que él no se la llevó, sino que a él se la trajeron.
La situación ha llegado a situaciones extremas y complejas, y no sabemos, con la capacidad del ciudadano colombiano de ir a extremos, hasta donde alcanzará a llegar esta crisis tan lamentable. El tope ha excedido cualquier nivel de tolerancia y los excesos de la corrupción son los más evidentes.
Sin autoridad moral y sin ética, ciudadanos y representantes de gobierno chocamos contra una realidad que cada vez es más caótica y menos confiable. En el panorama global todo está en una crisis que asusta por sus dimensiones y consecuencias y a nivel nacional, regional y local también estamos entrados en pánico. Como dicen los estúpidos locutores de los "medios masivos de alienación": "El mundo se va acabar", si, "el fin está próximo". El panorama global es cada vez más digno de tristeza, angustia, desolación y desconfianza.
Como vemos, el imperialismo más afianzado como imperio, el abuso de los poderosos sobre los desprotegidos más extremo y las consecuencias de la situación más extremas. Las mentiras más mentidas, pero extrañamente más creídas en las mentes de los ingenuos electores que marchan enceguecidos a seguir eligiendo gobernantes que ni los representan ni los reconocen, ni los escuchan.
La demagogia y la retórica falsificada de los gobernantes más difundida por los "medios masivos de alienación" y Colombia más confundida, más atrasada en educación y concienciación política, es decir, más Colombia (a la manera como le conviene a los gobernantes que desde siglos "malgobiernan" en el país, con la complicidad ingenua y solapada de ciudadanos anestiados por no se sabe que tipo de sedante sociopolítico, sociocultural y socioeconómico, que cada vez es más fuerte, porque el sueño y los ronquidos de los bellos durmientes colombianos es cada vez más fuerte y más profundo mientras la crisis, la situación y la realidad son cada vez más insostenibles y más agudas. ¿Hasta cuándo? -Pregunta del millón- Esperemos que la respuesta no sea: "Hasta siempre, como hasta hoy ha sido".
(Corrupción o coincidencia)

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Reelección y democracia

Edición Nro.: 78
(Tomado de página web "Le Monde Diplomatique")

Exento en la gran ciudad. Sin límite para la impunidad oficial y familiar ni para amenazar, calificar y acusar a más colombianos por el “delito de opinión”. Sin atenerse a principio ético alguno y más bien con desmedro de las prerrogativas constitucionales. Sin reparar en el desmoronamiento de los valores colectivos. Sin pretensión de propiciar la felicidad popular, comprometido a cambio con el privilegio del latifundio y la agroindustria derivados del dinero ‘cálido’ y el privilegio privado. Sin dejar de bajar el dedo en instituciones que, antes que velar por la seguridad de todos, producen la muerte de ciudadanos y verdaderos “blancos positivos”. Sin dolor por la prolongación del conflicto. Así, a cualquier costo y de cualquier manera, gobierna Álvaro Uribe, sosteniéndose en las columnas sobre las que se creó y se apuntala el Estado-nación colombiano: la gran hacienda, la iglesia católica y el ejército (Ver: “Colombianidad...”, Libardo Sarmiento A., pág. 8). Así llegó a la Casa de Nariño, junto al proyecto político-económico y de revisión histórica que representan. De este modo, su mandato se acerca al cierre del séptimo año, y con el octavo no renuncia a acumular los 12, y aún muchos más.
Desde aquella campaña electoral, en 2002, se dibujó de manera meridiana qué representaba, qué implicaba, y cuáles eran los riesgos de esta Presidencia para el país. Por entonces, decíamos: “Encarna Uribe, el presidente electo, una propuesta que busca la afirmación y conservación de un modelo económico y su entronque con el gran proyecto integracionista, y el dominio de la potencia mundial sobre la base de la trilogía orden, autoridad y tradición”. Sin dejar de agregar más adelante: “Estaríamos entonces ante una sociedad que no permitirá disidentes ni contradictores; una sociedad despótica que pone en profundo riesgo la democracia liberal, los avances constitucionales y, por tanto, los derechos de todo orden conquistados por la humanidad” (1). Los sucesos han refrendado con creces esa previsión. Pero ahora hay más. Su designación como candidato, el tejido que evitó una segunda vuelta y su entorno económico y político –que devino en parapolítica–, y de fuerza –paramilitar y alto mando complaciente–, sacan a relucir la verdad y la característica de una institucionalidad y una democracia deformadas en Colombia: sin vergüenza (Ver: “La candidatura de Uribe y el grupo…,” Omar Roberto Rodríguez, pág. 5).
Presidente, impulsor, y a la vez heredero de un modelo económico privatizador, sus voceros gubernamentales no dudan en vender los pocos bienes colectivos construidos con el trabajo de generaciones y heredados por su administración. Un haber que comprende tanto los bienes estratégicos como el sistema eléctrico, el gas, como la infraestructura hospitalaria pública y el sistema de seguridad social (Ver: “El derecho fundamental”, Carlos Iván Pacheco, pág. 14). Sin inmutarse por vender, incluso, recursos invaluables de la nación y derecho de todo colombiano, como es el agua (Ver: “Prematuro ocaso...”, Rafael Colmenares, pág. 10). Todo, sin reparo ni consideración humana y social alguna y sin mirar más allá de la elemental relación costo-beneficio para el gran privilegio privado.
El camino, la estrategia fundamental en uso para que el avance de este despropósito encontrara y encuentre eco en la ciudadanía, consistió, por un lado –dada la ilegitimidad de las acciones guerrilleras, que dejan sin reparar sus efectos sobre la población no vinculada al conflicto–, en valerse, para hacer promesas, de las insuficiencias de un Estado ineficaz –por el clientelismo y la politiquería en que se afinca–, y multiplicar las rimbombancias de un modelo económico, por entonces en supuesto triunfo, avasallador con su Consenso de Washington; y, por el otro, disponer de la complacencia de los medios de comunicación. Medios que, sin rubor, noticia, ni seguimiento de los antecedentes e implicaciones de cada una de estas y otras muchas acciones, promulgan y profundizan el ambiente para que la ciudadanía apoye o admita en silencio tales despropósitos.
La debilidad de los movimientos sociales, y la criminalización misma que ejecuta el régimen imperante hoy, así como la debilidad o inexistencia de una ciudadanía activa, y de consistentes acciones opositoras, facilitaron la consumación de los negocios acordados. Transados entre los grandes grupos económicos y los representantes de lo público, con desinterés en proteger lo colectivo. Más movidos en desvanecerlo. Se trataba de unos procesos económicos que se llevan a cabo en medio de una prolongada “guerra sucia”, cuyo envión consuma un creciente desplazamiento del campo a la ciudad, y un aumento continuo y ascendente del gasto militar, al final de los cuales aspiran a consolidar un modelo económico decimonónico (Ver: “Ocho años de un gris…”, Álvaro Sanabria D., pág. 12).
Dos períodos de gobierno han sido más que suficientes para sentir las consecuencias de estos procesos, en parte heredados y en parte creados. En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar. Y aquellos líderes sociales y comunitarios que no fueron al exilio corrieron la suerte dispuesta por los supuestos encargados de protegerlos. Bajo idéntico procedimiento de terror, miles de hectáreas fueron usurpadas a sus verdaderos dueños, y otras más corren el mismo peligro ante el recurso y el uso de leguleyadas notariales que los campesinos no pueden desbaratar, indefensos por no tener escrituras para avalar la histórica propiedad de su terruño. Esta historia de sangre y dolor, es cierto, viene de muchos años atrás; de acontecimientos en los cuales fue protagonista, entre otros, el ayer gobernador de Antioquia y hoy presidente de la República.
Así se explica que uno de sus objetivos más preciados, desde la primera posesión del Presidente, con alguna contradicción que no bendice la parte estadounidense de la intervención extranjera, fue legitimar la estrategia paramilitar y rebuscar la impunidad para sus artífices. Tal es un trasfondo de la mal llamada Ley de justicia y paz, que se aprobó contra la Constitución y sobre el dolor de las víctimas. Cuatro años después, los resultados son evidentes. La perfecta burla a la más elemental noción de justicia. En tal vía, la extradición para algunos de los capos, independiente de su suerte en Estados Unidos, no hace más que confirmar una cínica exoneración del establecimiento: el verdadero culpable (Ver: “Lecciones inaugurales de impunidad…”, Carmen Andrea Becerra B., pág. 16).
También el país supo que quienes asesinaron a miles de compatriotas en campos y ciudades –apropiándose de sus bienes para concretar una descomunal contrarreforma agraria– financiaron, impulsaron y presionaron, una y dos veces el voto a favor de quien directamente o por interpuesta persona aspira a proseguir al frente de los destinos del país (2). Con jefes paramilitares a la vez, como barones electorales, y el terror que no cesó y que siguió a este pacto, fueron éstos garantes de unanimismo en pequeñas y medianas ciudades; fueron el sello con el cual avalaron el triunfo oficialista. La ilegitimidad del gobernante es evidente. Innegable, pese al silencio o las decisiones de los jueces (Ver: “Ocho años de concentración…”, Rafael Ballén, pág. 6).
Con todos y cada uno de estos pisotones, se impuso y se mantiene incólume el gobernante de la “mano firme y corazón grande”.
Potencial renovador
Pasan los años y el terror no disminuye. El desplazamiento se mantiene. Codhes informó que en 2008 por lo menos 76 mil 172 núcleos familiares fueron desplazados. (3) Es decir, no menos de 300 mil connacionales tuvieron que dejar, por presión o amenaza directa de muerte, su heredad, su lugar de vivienda.

A la par, las políticas de criminalización no cesan: en no menos de 10 departamentos, supuestos grupos paramilitares amenazan de muerte a diversos sectores sociales. El miedo y el control social se acentúan en muchos barrios, y en otros territorios urbanos y rurales. Tales amenazas no son simples palabras. Cientos de familias lloran a sus hijos asesinados en acciones demenciales que pretendían multiplicar, de manera artificial, el número de ‘logros’ de las Fuerzas Armadas en su guerra con la insurgencia. Son hechuras realizadas con culpa y planificación, a sangre fría y por el estímulo de las recompensas económicas, ahora instituidas como política de Estado. Acciones emprendidas de manera mancomunada con grupos armados del narcotráfico. Una alianza espuria que, inclusive, en otro tiempo y otro espacio, permitió consumar masacres de los propios agentes armados del Estado (ejército) contra sus compañeros de armas (policía) (4).

¿Puede resistir un país, un pueblo, una situación como ésta? ¿Por cuánto tiempo? Se suele decir que es posible engañar a una persona todo el tiempo, a todas las personas por algún tiempo pero que es imposible engañar a todos todo el tiempo. Es cierto que el enorme aparato de manipulación al servicio del gobierno, el más inescrupuloso del que haya noticia, elabora y muestra todavía éxitos que sorprenden. Pero los movimientos sociales de mayor capacidad organizativa –como el indígena– prueban, con su resistencia, sin decaer en estos aciagos siete años, que existe una gran reserva moral y política. Esta acumulación tiende a su ampliación; a ir en aumento en la medida en que capas más extensas de la población comienzan a confrontar su triste realidad con el sopor de la imagen y el discurso oficial que les recrea una situación que no viven.

Sin embargo, una sociedad sometida a las dinámicas e intereses antes descritos no tiene otra posibilidad para renacer que la de una revolución social como transformación de la naturaleza del poder y como conmoción social totalizadora, transformación cultural, ética, moral, económica y social (Ver informe especial “El mundo, convulsionado”). Y no es una conclusión por convicción doctrinaria. Es producto de reconocer la magnitud de la tarea que enfrenta nuestra sociedad para jugar un papel soberano, a la vez que integrador, en el continente y el mundo. Es, igualmente, reconocer la potencialidad renovadora que alberga nuestra sociedad.

1 El nuevo orden, en Le Monde diplomatique Nº 3, edición Colombia, junio de 2002.
2 Ver, Colombia: una nueva verdad de ‘Don Berna’: Las auc apoyaron la campaña presidencial, www.desdeabajo.info.
3 Víctimas emergentes. Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008. www.codhes.org.
4 Nos referimos al ataque ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 22 de mayo de 2006.

martes, 29 de septiembre de 2009

Pensamiento crítico de Renán Vega Cantor

1. Colombia: la desgracia de ser un país rico
Colombia, el país en el que vivo, está atravesada por las más tremendas contradicciones del mundo contemporáneo. Es un territorio con una extraordinaria diversidad y riqueza natural y cultural, en cuyo seno se encuentran todos los pisos térmicos y una gran variedad de paisajes y de climas, dos costas, escarpadas montañas, extensas altiplanicies y llanuras, bosques, selvas y ríos caudalosos. Allí se alberga una gran riqueza natural, que es también una de las razones de nuestra desgracia, como les sucede a los países que cuentan con recursos. Como parte de esa riqueza natural contamos con minerales, maderas, agua y biodiversidad a granel. En biodiversidad, Colombia es uno de los cuatro territorios más ricos del mundo, por sus numerosas y variadas especies de plantas y animales, un tesoro invaluable hoy como ayer apetecido por los poderes imperialistas. En esos suelos fértiles desde hace miles de años se han desarrollado complejas sociedades y culturas, un resultado de la mezcla étnica, voluntaria y forzada, como producto de las sucesivas fases de sometimiento de los comunidades aborígenes desde comienzos del siglo XVI. Algunos de los pueblos originarios descendientes de nuestros primeros padres, sobreviven arrinconados en tierras de ladera o en lo profundo de la selva, pese a todas las campañas de exterminio libradas contra ellos en los últimos cinco siglos, por los conquistadores europeos y sus descendientes criollos. En total, en el actual territorio colombiano existen unas 80 etnias, que agrupan a algo más de un millón de seres humanos, con sus propias formas de organización social, costumbres y tradiciones y muchas de ellas conservan sus lenguas vernáculas."
Como parte de esa diversidad cultural, sobresale el aporte de los pueblos africanos que fueron traídos brutalmente como esclavos y que, en medio de la opresión, la discriminación y la explotación, dieron origen a comunidades de libertos y campesinos que se asentaron en diversos sitios del país, en especial en sus zonas costeras, en valles y esteros. La mezcla de europeos, pobres y ricos, con los indígenas y los negros esclavizados dio origen a los campesinos colombianos, mestizos por excelencia que hasta hace no mucho tiempo eran la mayoría indiscutible de la población y que en la actualidad representan el 25% de todos los habitantes del país.

Colombia es, entonces, un crisol de pueblos y culturas, en donde se hablan más de medio centenar de lenguas, con una notable diversidad regional y variadas costumbres y tradiciones. Esa diversidad cultural está seriamente amenazada por voraces empresas transnacionales que, en alianza con capitalistas locales, se están apropiando a mansalva de las tierras, recursos y saberes autóctonos. Estas prácticas de biopiratería buscan expropiar conocimientos ancestrales, muy útiles a grandes conglomerados transnacionales en su pretensión de mercantilizar la naturaleza. El Tribunal Permanente de los Pueblos que terminó sus sesiones en Bogotá hace pocos días verificó "el peligro inminente de extinción física y cultural de 28 pueblos indígenas, que en la mayoría de los casos están formados por menos de un centenar de personas por pueblo, debatiéndose entre la vida y la muerte". Y concluyó que "su desaparición de la faz de la tierra constituiría, en pleno siglo XXI, además de una vergüenza para el estado colombiano y para la humanidad entera, un genocidio y un crimen de lesa humanidad por su acción u omisión institucional de atender a estos pueblos que de manera irreversible están a punto de extinguirse".
Colombia es, al mismo tiempo, uno de los países más injustos de nuestra América y del mundo, puesto que a la par con esa inestimable riqueza natural, humana y cultural, existen los más aberrantes niveles de desigualdad, una característica estructural de nuestra sociedad, que explica en gran medida la violencia que nos ha asolado durante los últimos 60 años. En Colombia desde los tiempos de la Colonia se formaron poderosos terratenientes, cuyos herederos actuales son amos y señores de cuerpos y almas, apoyados por las altas jerarquías de la iglesia católica y el ejército, en consonancia con la santa alianza entre la cruz y la espada. Eso ha dado origen a una terrible polaridad social, en la cual terratenientes de toda especie (ganaderos, propietarios ausentistas, exportadores de productos primarios, narcotraficantes y paramilitares), que representan solamente el 0.4% del total de propietarios, son dueños del 61% de las tierras del país, de las más productivas y de las mejor situadas, y el 54% de pequeños propietarios (campesinos minifundistas, colonos, indígenas, comunidades afrodescendientes) sólo poseen el 1,7% de la tierra, como resultado de lo cual existen ocho millones de pobres rurales. En Colombia, a diferencia de otros países de América Latina (México, Cuba o Perú) nunca se llevó a cabo una reforma agraria que intentara democratizar la propiedad y uso de la tierra, y los tímidos intentos de corte redistributivo a la larga terminaron por fortalecer el poder de los terratenientes, ligados a otras fracciones del capital, tanto nacional como extranjero. No es de extrañar, en este sentido, que empresas multinacionales como la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) haya constituido un enclave territorial en la Costa Atlántica colombiana durante las primeras décadas del siglo XX y que esas mismas empresas estén impulsando ahora mismo una nueva apropiación de tierras y riquezas a lo largo y ancho del país. Eso ha cobrado fuerza en los últimos años con la apertura incondicional a los monopolios transnacionales y nunca antes en la historia nacional se habían registrado tales niveles de inversión extranjera como los actuales –se pasó de 3.768 millones de dólares en el 2000 a 10.085 en el 2005- y, por supuesto de utilidades remitidas al exterior –que saltaron de 673 millones de dólares en el 2000 a 6.535 en el 2007, con un crecimiento de casi el mil por ciento.
Esta característica estructural de monopolio terrateniente del suelo se ha acentuado en los últimos años, con el despojo de cinco millones de hectáreas de tierra por parte de fuerzas paraestatales. Estas tierras, como expresión de una típica revancha terrateniente, han sido arrebatadas a los campesinos y apropiados por viejos y nuevos hacendados, para ampliar sus fincas ganaderas, sembrar palma aceitera y otros cultivos de exportación, ahora usados para producir necrocombustibles. Este hecho explica el despojo y el destierro de cuatro millones de colombianos en su propio país, lo cual nos ubica entre los dos países del mundo con más desplazados internos, disputándonos palmo a palmo con Sudán un deshonroso primer lugar en tan indigna acción.
Como las clases dominantes de Colombia nunca han querido repartir ni un centímetro de tierra, han expulsado violentamente a los campesinos hacia los límites de la frontera agrícola, con lo cual se ha poblado el país, a costa de indígenas y comunidades afrodescendientes, mientras las mejores tierras siguen en manos de los grandes propietarios. Esa expulsión campesina llegó a las ciudades, desde finales de la década de 1940, originando una urbanización acelerada y profundamente antidemocrática, porque en las ciudades se ha ido reproduciendo, a su modo, la injusticia del mundo rural, pues un puñado de potentados, ligado al capital financiero, se ha enriquecido a costa del hambre de tierras urbanas de los más pobres, que cíclicamente llegan huyendo de la violencia y de la miseria que impera en los campos colombianos. Eso explica que hoy por hoy la mayor parte de la población del país malviva en las ciudades (algo más del 70%), y millones de personas no cuenten con los más elementales servicios públicos, estén desempleados, vivan del rebusque diario y se encuentren arrinconados en barrios tuguriales. Al mismo tiempo, en esos espacios urbanos, como parte de la lógica injusta del capitalismo, existen guetos de riqueza de las clases dominantes y de reductos de las clases medias, como se aprecia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país, en donde se vive con todas las comodidades y el confort de las élites de los Estados Unidos o de Europa.
No es difícil documentar la magnitud de la horrorosa desigualdad de la sociedad colombiana: hay 20 millones de pobres y siete millones de personas viven en la absoluta miseria, lo cual quiere decir que uno de cada dos colombianos es pobre y uno de cada seis es indigente; el desempleo afecta, según cifras oficiales, a 2’200.000 personas y si a ellas le sumamos las que sufren el subempleo y otras formas disfrazadas de desempleo, tenemos que el desempleo real cobija a unos nueve millones de personas, el 41% de una población económicamente activa de 20 millones. Y la gran mayoría de los que tienen empleo soporta condiciones laborales indignas e inhumanas, como producto de la flexibilización y precarización laboral, de la pérdida de derechos, de la imposibilidad de organizarse sindicalmente, de la contratación temporal y de la ampliación de la jornada laboral, porque en una especie de revolución conceptual en la astronomía, que erizaría la piel de Kepler y Copérnico, el actual gobierno determinó extender por decreto el día de las seis de la mañana a las diez de la noche, para que los empresarios no paguen horas extras ni recargos nocturnos.
Para completar, las reformas tributarias de los últimos años han aumentado la desigualdad, puesto que han disminuido o suprimido impuestos a los ricos con el pretexto de aumentar la inversión de capital privado, tanto nacional como internacional, mientras que se ha generalizado el impuesto al valor agregado y las tributos directos que pagan los asalariados y los pobres. De esta forma, en tanto que un trabajador paga impuestos sobre sus ingresos, las empresas cotizan, cuando lo hacen, sobre sus ganancias y no sobre su patrimonio.
La concentración de la riqueza es de tal índole que hace de Colombia un país terriblemente injusto, como se comprueba con unos pocos datos del Informe de Desarrollo Humano, versión 2005: "58 personas pobres (del 10% de menores ingresos) reciben el mismo ingreso que una persona rica (del 10% con mayores ingresos), Colombia es el undécimo país más desigual del mundo con un coeficiente de Gini de 57,6. El 20% más rico de los colombianos consume el 62% de los bienes y servicios y el 20% más pobre consume el 3%". Un dato sintético nos indica que el ingreso acumulado del 80% de los colombianos es inferior a los ingresos totales del 10% más rico, los verdaderos dueños del país.
Esta profunda desigualdad de la sociedad colombiana ha sido preservada históricamente mediante varios mecanismos. Al respecto, vale mencionar los elementos ideológicos de que se han valido las clases dominantes en Colombia para mantener su hegemonía, entre los cuales sobresalen los mitos desmovilizadores y, más recientemente, el uso del poder mediático. Esas clases dominantes se han encargado de construir dos mitos de larga duración, tanto para uso interno como fuera del país. El primer mito sostiene que la Colombia actual desde temprana época, a finales del siglo XVIII, se convirtió en una sociedad mestiza, en la que, por ende, nunca ha existido discriminación étnica ni desigualdad racial. Esta falacia, repetida hasta la saciedad, fue construida para invisibilizar a indígenas y afrodescendientes, justificar la apropiación de sus tierras y de sus riquezas, legitimar su persecución y exterminio y entregar sus suelos a empresarios locales o extranjeros, como viene sucediendo con las empresas petroleras desde comienzos del siglo XX. Con este embuste de un pretendido mestizaje democrático, las clases dominantes de Colombia han buscado marginar, cuando no exterminar, a indígenas y negros, considerados como inferiores, para no reconocerlos ni como seres humanos ni como comunidades o individuos con derechos, sino solamente como peones o como carne de cañón y de urna.
El segundo mito desmovilizador, más acentuado que el primero y de difusión internacional, asegura que Colombia es la democracia más antigua y más sólida de América Latina. Esto no deja de ser una falacia o un mal chiste, sobre todo para los que vivimos en ese país. Es una falacia, como puede probarse mencionando, de paso, algunos aspectos políticos, económicos y sociales. En términos políticos, durante más de un siglo y medio las clases dominantes han usufructuado el poder valiéndose de dos partidos, el liberal y el conservador, que se han turnado o han compartido el control del gobierno y del estado, cerrando cualquier posibilidad de participación política a fuerzas diferentes, mediante el asesinato y la persecución, siendo este otro de los factores estructurales que explica la constante violencia en Colombia, Incluso, cuando en el seno mismo de esos partidos tradicionales han existido personajes que se han atrevido a cuestionar la injusticia y la desigualdad, han sido vistos como sujetos peligros y las clases dominantes no han dudado en eliminarlos, como sucedió con el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
En términos económicos, cuatro grupos monopólicos, estrechamente ligados al capital imperialista, son dueños de las más diversas actividades económicas y productivas, siendo los que finalmente deciden quién hegemoniza el poder político. Esos grupos económicos dominan los medios de comunicación, ahora en alianza con capital español, y por eso en Colombia, dos canales de televisión privados, dos cadenas de radio y un periódico de circulación nacional dictaminan qué se dice y se piensa en nuestra sociedad. Es una dictadura mediática de los grandes grupos económicos, a través de sus empresas periodísticas, que configuran un cartel del terrorismo ideológico y cultural y son los puntales de la guerra informativa contra la población y contra todos los que consideran sus enemigos (como lo han podido comprobar recientemente los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Nicaragua). Allí se encuentran pocas familias, como los Santos, Ardila Lülle, Santodomingo y los grupos Prisa y Planeta de España. ¿Qué democracia puede haber en un país de 45 millones de habitantes, en el cual sólo unos cuantos empresarios de los medios controlan todo lo que se mueve y produce, incluyendo la información?
En términos sociales, la desigualdad y la injusticia estructural del país se han agravado con la aplicación del recetario neoliberal, la apertura comercial y la arremetida imperialista durante los últimos 20 años. Así, en Colombia se han privatizado las más importantes empresas públicas y la salud, la educación y la cultura se han convertido en negocios rentables para llenar el bolsillo de los capitalistas nacionales o internacionales. Igualmente, Colombia es un país militarizado al extremo, hasta el punto que hoy tiene un ejército de 400 mil efectivos y cuenta con más policías y soldados que profesores, médicos o enfermeros, lo que hace que, en términos de inversión militar con relación al PIB, sea el tercer país más militarizado del orbe, sólo superado por Israel y Burundi. Este crecimiento desmesurado del gasto militar ha sido posible por la "ayuda" de los Estados Unidos que le suministra al gobierno colombiano más de dos millones de dólares diarios para la guerra interna. Por tal razón, tenemos el dudoso privilegio de ser el tercer país en recibir "donaciones" monetarias para la muerte por parte de los Estados Unidos, por debajo de Israel y Egipto. (No por casualidad, como lo ha señalado Noam Chomsky, existe una correlación directa entre ayuda militar estadounidense y violación sistemática de los derechos humanos, como se confirma en el caso de nuestro país).
Como lo subrayó el Tribunal Permanente de los Pueblos: "Colombia parece presentarse (…) como un verdadero laboratorio político institucional donde los intereses de los actores económicos nacionales e internacionales son plenamente defendidos a través del abandono por el estado de sus funciones y de su deber constitucional de defensa de la dignidad y de la vida de una gran parte de la población, a la cual se aplica, como si de un enemigo se tratara, la doctrina de la seguridad nacional, en su versión colombiana". Con todas estas características, si se pudiera usar el término de democracia para hablar de Colombia, lo cual es un verdadero contrasentido, habría que hablar de una "democracia genocida".
2. 60 años de terrorismo de estado y de impunidad
Ufanarse por parte de las clases dominantes, de que Colombia es la democracia más antigua y sólida del continente, ha servido para ocultar ante la faz del mundo el terrorismo de estado más prolongado de nuestra América y uno de los más constantes en todo el planeta. En efecto, en mi país ha existido en los últimos 60 años (desde poco antes del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948) una interminable impunidad estatal –junto desde luego, a la impunidad de las clases dominantes-, que ha sobrevivido a todos los cambios experimentados en nuestro continente y en el mundo. Mientras que en el Cono Sur y en Centroamérica se terminaron las dictaduras militares de seguridad nacional, con su estela de sangre, terror y desaparecidos, en Colombia no hubo necesidad de recurrir a la dictadura abierta, porque con el régimen existente, aparentemente civil y democrático, se han podido cometer, hasta ahora, tantos o más crímenes que los realizados por las dictaduras de Videla, Pinochet o los generales brasileños, todos juntos. Según la ONU, Colombia es uno de los pocos países de nuestra América donde todavía hoy se sigue practicando la horrorosa práctica de la desaparición forzosa. Aunque la guerra fría terminó hace dos décadas, en Colombia se mantiene, con la misma lógica anticomunista y contrainsurgente de siempre, puesto que el solo hecho de pensar, no digamos diferente, sino simplemente de pensar es un delito, del que se derivan todas las consecuencias posibles: acoso, persecución, señalamiento, cárcel, exilio, desaparición o muerte. Es bueno enfatizar que en Colombia no se prohíbe la disidencia o la protesta, sino que simplemente se mata al que disienta o proteste, como alguna vez lo dijera el periodista Antonio Caballero.
Mientras en otros lugares (El Salvador, Guatemala) se dieron procesos de paz que implicaron para las clases dominantes de esos países impulsar algunas tímidas reformas sociales, económicas y políticas y reconocer la existencia de los adversarios como interlocutores válidos, en Colombia la oligarquía criolla no quiere repartir nada, ni un centímetro de tierra, ni redistribuir ingresos, ni mejorar las condiciones de vida de la población, y por ello ha optado por la vía de la tierra arrasada, mediante el Plan Colombia y la instalación de bases militares de los Estados Unidos en nuestro suelo.
Ese terrorismo de estado, tan prolongado e impune como el de Israel (cronológicamente coinciden con terrible exactitud) y solamente superado por el campeón mundial del terrorismo de estado (por supuesto Estados Unidos), ha perdurado mucho más tiempo que las dictaduras de Stroessner en Paraguay, de los Somoza en Nicaragua, de los Duvalier en Haití, o de Trujillo en República Dominicana. Se ha mantenido incluso más allá de la "dictadura perfecta", la del PRI mexicano.
Ese terrorismo de estado, apoyado en grupos paramilitares, utiliza símbolos y nombres similares en dos períodos históricos distanciados por medio siglo, en la época de la primera Violencia y en la actualidad. Los sicarios conservadores de la década de 1950 se autodenominaban “pájaros” y el más famoso de ellos era conocido como “El Cóndor”, amigo íntimo de políticos conservadores y de militares que llegaron a la Presidencia de la República. Hoy los grupos emergentes de paramilitares se proclaman como las “Águilas Negras”, y su cercanía con el poder político y empresarial es evidente, como para comprobar que no es mucho lo que ha evolucionado la fauna parasicarial en Colombia, ya que en medio siglo sólo se ha dado una mutación semántica que nos ha llevado de los “pájaros” a las “Águilas Negras”.
La persistencia del terrorismo de estado en Colombia ha dejado una impresionante secuela de victimas, una contribución a la historia universal de la infamia, de la cual solamente quiero recordar algunos hechos. En los últimos 20 años han sido asesinados tres mil dirigentes sindicales, constituyéndose en el país del orbe más peligroso para ejercer cualquier actividad gremial, hasta el punto que de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, nueve lo son en Colombia. En esa lógica de terror contra los trabajadores, con la participación de empresas multinacionales (Coca-Cola, Chiquita Brands, Nestlé, la Drumond...), han sido aniquilados sindicatos completos, como sucedió con el de los bananeros en Urabá o con el de la palma aceitera en el departamento de Cesar, y otros han sido sistemáticamente perseguidos, como la Unión Sindical Obrera que agrupa a los trabajadores petroleros, cien de cuyos dirigentes y miembros han sido asesinados después de 1988.
Como parte de esa lógica del terror, en Colombia se planificó y ejecutó el genocidio político de una organización de izquierda, la Unión Patriótica, que fue aniquilada en las décadas de 1980 y 1990, con el asesinato de cinco mil de sus militantes, incluyendo senadores, concejales y alcaldes.
El asesinato de dirigentes campesinos, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de profesores, de estudiantes, de luchadores sociales ha sido y es la pauta típica del terrorismo de estado hasta el día de hoy, sin que sus responsables, asociados en gran medida al capital privado, a las Fuerzas Armadas y a los terratenientes, sean condenados y antes por el contrario hoy sean vistos como prósperos empresarios o salvadores del país, que se pavonean orondos de sus crímenes, tanto en Colombia como en el exterior.
En este país se ha generalizado el terror de múltiples formas por parte de sectores de la extrema derecha, mediante matanzas indiscriminadas desde 1981, cuando apareció en escena el primer grupo paramilitar en el Magdalena Medio. Desde entonces hemos vivido horrores indescriptibles, masacres de una inconcebible sevicia, crímenes que son el telón de fondo de lo que en forma benigna se ha llamado la parapolítica, por lo cual están detenidos más de 30 senadores de la coalición de gobierno. La parapolítica simplemente es un eufemismo para camuflar la magnitud de los delitos de lesa humanidad que ha producido la alianza macabra de grupos de matones con políticos, terratenientes, militares, empresarios y multinacionales, con la finalidad de eliminar a todos los seres humanos considerados como enemigos y obstáculos de la acumulación de capital mafioso imperante en Colombia. Porque, de paso, en ese país si que se aplica la notable distinción de Leonardo Sciascia, cuando dijo que "la mafia es un capitalismo ilegal, mientras que el capitalismo es una mafia legal".
De la misma manera, en Colombia hay miles de desaparecidos por razones políticas o reivindicativas desde 1977, cuando fue raptada y luego desaparecida en la ciudad de Barranquilla por organismos de seguridad del estado Omaira Montoya Henao, una bacterióloga de 34 años y militante de izquierda. Esta práctica criminal no ha cesado y se mantiene hasta el día de hoy.
Si se hiciera un minuto de silencio por cada uno de los muertos, torturados y desaparecidos que se han presentado en Colombia en los últimos 60 años, tendríamos que permanecer callados, por lo menos, durante dos años continuos. Tal es la magnitud de la impunidad del terrorismo de estado imperante en Colombia, del cual es cómplice y copartícipe el imperialismo estadounidense y ese conjunto de delincuentes que se autodenomina “comunidad internacional”. Por todos aquellos que he nombrado (sindicalistas, indígenas, dirigentes campesinos y populares, defensores de derechos humanos, estudiantes, profesores, mujeres e intelectuales) y que han sido asesinados, torturados o desaparecidos nunca se ha convocado a una marcha por parte de la poderosos medios de comunicación, ni se han organizado conciertos para escuchar a cantantes destemplados, como si, sencillamente, esos muertos y desaparecidos nunca hubieran existido o no fueran importantes. A esos colombianos humildes y pensantes que han sido asesinados y masacrados por el capitalismo colombiano quiero recordarlos en esta ocasión y rendirles un tributo de reconocimiento, porque su lucha forma parte de la memoria y de la dignidad de quienes no se han resignado a creer que la violencia en Colombia es un castigo divino, sino que es producto de un sistema profundamente injusto y desigual y que han soñado con un país decente, muy distinto al actual, gansteril y mafioso.
Bombardear un país vecino, violar el derecho internacional humanitario y las leyes de guerra –usando los símbolos de la Cruz Roja, TeleSur y de una ONG humanitaria de Barcelona- calumniar e inculpar a presidentes de otros estados, oponerse al derecho de asilo…, son prácticas terroristas que han evidenciado ante la faz del mundo en el último año, pero sólo son un pálido reflejo del terrorismo de estado que los colombianos comunes y corrientes han soportado durante más de medio siglo. Lo que está aconteciendo ahora confirma que en Colombia, el estado y las clases dominantes se han convertido en fichas incondicionales de los Estados Unidos en nuestra América, para fungir como el portaaviones terrestre de la guerra preventiva y como punta de lanza de los intereses del imperialismo en su sed insaciable de apropiarse de riquezas y recursos. Para hacerlo posible, Estados Unidos directamente o por intermedio de Colombia necesita sabotear los procesos autónomos y soberanos que se impulsan, entre logros y tropiezos, en distintos países sudamericanos.
Desde luego, ese comportamiento internacional del estado colombiano tampoco es nuevo, puesto que durante los últimos 60 años, para vergüenza de nuestra América, sucesivos gobiernos han respaldado o participado en hechos tan lamentables como la Guerra de Corea, a comienzos de la década de 1950, o la criminal invasión a Iraq en los últimos cinco años. El gobierno colombiano actual ha sido el único de la región en aplaudir las maniobras de la IV Flota imperial de los Estados Unidos en el Mar Caribe y en respaldar a la Unión Europea en su directiva xenófoba y racista contra los inmigrantes. Como parte de esa historia de traición de los gobiernos colombianos a otros países sudamericanos, recordemos que en 1982, el presidente de entonces fue el único de Sudamérica en respaldar al Reino Unido y a Estados Unidos en el conflicto de las Malvinas. ¡Todos estos acontecimientos demuestran que el síndrome de Caín también es una característica estructural de las clases dominantes de ese sufrido país!
Cabe preguntarse, ¿por qué ha persistido durante tanto tiempo ese terrorismo de estado con todas sus secuelas de sangre y horror? Puede responderse diciendo que una razón fundamental se encuentra en la permanente resistencia de importantes sectores de la población al modelo capitalista gansteril existente en nuestro país. Porque, a pesar de la violencia estatal y paraestatal, en Colombia en las últimas décadas se ha dado un extraordinario proceso de resistencia con variadas formas de lucha, en donde han participado indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, trabajadores sindicalizados, estudiantes de escuelas y universidades públicas, trabajadores de la cultura y algunos intelectuales y entre la que hay que situar también el surgimiento de la insurgencia armada. El terrorismo de estado existe porque, a pesar de todos los esfuerzos y propaganda, las clases dominantes no han podido erradicar de importantes sectores de la población colombiana, la semilla de la rebelión, de la inconformidad y de la resistencia.
3. ¿Qué puede hacer el pensamiento crítico?
En el contexto antes señalado, vale preguntarse qué función tiene el pensamiento crítico en una sociedad como la colombiana, en la cual se ha impuesto, tal vez como en pocos lugares del continente, el pensamiento único de clara estirpe neoliberal, impulsado por los medios de comunicación, las clases dominantes y las multinacionales, todo lo cual, junto con la violencia, ha llevado al arrinconamiento y a la asfixia de la intelectualidad de izquierda, la mayor parte de la cual fue cooptada por el propio capitalismo en las últimas décadas. Esto ha hecho que ciertos escritores, investigadores y profesores universitarios, provenientes de la izquierda, se convirtieran en los intelectuales orgánicos de las viejas y nuevas formas de dominación capitalista e imperialista, llegándose al extremo de que hoy algunos plumíferos justifican y aplauden como legítimas las acciones ilegales del régimen colombiano. Estos mercenarios del pensamiento, que han alquilado y vendido su conciencia a muy bajo precio, cumplen la función de justificar el terrorismo de estado contra la población colombiana a nombre de la pretendida guerra contra el terrorismo, de las supuestas ventajas del libre mercado y de las migajas que les caen al asumir una postura de genuflexión incondicional ante Estados Unidos. Todo eso, además, sólo busca hacer presentables las políticas más antipopulares y vendepatrias que se registren en los anales de la historia nacional. A todos esos burócratas del pensamiento, pueden aplicárseles de manera textual las palabras de Bertolt Brecht: "Quien no sabe la verdad sólo es un estúpido, pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal".
En contravía con ese pensamiento sumiso y servil, en "estos tiempos de mentira e infamia", como diría Antonio Machado, los intelectuales críticos deben preservar en la labor de desentrañar todas las formas de explotación, opresión y sometimiento, asumiendo el papel de cuestionar las mentiras que a diario nos repiten los medios de intoxicación masiva y los intelectuales domesticados, que sólo buscan embellecer al capitalismo y nublar el entendimiento de la gente. En el mundo incierto en el que nos ha tocado vivir, a esos intelectuales críticos les corresponde ayudar a diseñar instrumentos analíticos, adecuados a las urgencias de nuestra época, que ayuden a entender lo que está pasando, recuperando al mismo tiempo las innumerables luchas y rebeliones que los humillados y ofendidos han librado a través de la historia y contribuyendo a construir alternativas que recuperen la esperanza. Como no podemos permitir que los medios piensen por nosotros, puesto que eso sólo conduce a que se ame a los opresores y se odie a los oprimidos, es imprescindible seguir pensando y actuando en contra de los lugares comunes que pretenden eternizar al capitalismo. Por eso, hemos querido dilucidar el sentido de las patrañas terminológicas de moda (expresadas en términos vacíos y sin sentido como "sociedad del conocimiento" o "imperio", y muchas más), pero no para quedarnos en la pura crítica, sino para invitar a profesores, estudiantes, líderes sociales, activistas, dirigentes populares y sindicales a que con esfuerzo intelectual superen los múltiples obstáculos y ayuden a diseñar alternativas al capitalismo realmente existente.
La propuesta que ha sido desarrollada en esta obra, busca recalcar que el conocimiento tiene una función social, máxime si presume de ser crítico, porque en la actualidad es urgente recrear la educación política de las nuevas generaciones, evitando los manuales que tanto daño nos hicieron, para incentivar a la gente a pensar por cuenta propia, a no tragar entero lo que dicen los medios de desinformación, ni a creer en toda la propaganda que nos anuncia a diario que estamos ante el fin de la historia y que enfrentar al capitalismo es inútil porque ante el mismo no existen alternativas. En este sentido, reivindicamos un tipo de reflexión proscrita en el mundo académico, que recupera el lenguaje clásico de diversas vertientes emancipatorias, entre las cuales sobresalen variadas interpretaciones marxistas, ambientalistas, feministas, anarquistas, indianistas y críticas de la razón instrumental. Esa reflexión no ha buscado quedarse en la mera contemplación, sino que busca construir con comunidades educativas, docentes y sindicales, entre otras, propuestas teóricas y metodológicas que permitan acercarnos a la comprensión de este mundo incierto, así como en el diseño de instrumentos de conocimiento que integren a grupos humanos, a partir de sus necesidades y expectativas concretas.
En esta investigación se plasma un esfuerzo de síntesis que intenta romper con las especializaciones restringidas en el ámbito de las ciencias sociales que tanto nos constriñen, y analizar grandes problemas de la humanidad, tales como el ecocidio planetario, las formas de explotación del trabajo, la mercantilización de todo lo existente, el impacto contradictorio de la tecnociencia, las transformaciones educativas y su relación con las políticas imperialistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional…. El objetivo ha consistido en presentarles a los profesores, activistas y dirigentes sociales un panorama amplio de los principales cambios mundiales e indagar cómo inciden en diversos aspectos de nuestra realidad cotidiana, y cómo podría aprovecharse esa información en el trabajo intelectual y político práctico en el aula de clase, en el barrio, en el sindicato y en otros espacios. Esto se ha hecho porque consideramos que el conocimiento no debe quedar en manos de expertos que lo monopolizan, sino que el saber tiene una función social que debe ayudar a la gente a enfrentar, con razones y argumentos, los problemas que la afectan. A este respecto, son iluminadoras las palabras del poeta cubano Roberto Fernández Retamar cuando afirma: "La tarea de los intelectuales latinoamericanos y caribeños no puede ser repetir miméticamente lo que una y otra vez Occidente nos propone como verdades (desde el mentido ’Descubrimiento’ hasta la supuesta evaporación del imperialismo), sino arribar al pensamiento propio de lo que Bolívar llamó un ’pequeño género humano’: el cual, por otra parte, sólo de ésta manera logrará desembocar de veras en esa patria que es la humanidad, como sentenció José Martí".
En esta perspectiva, quisiera bosquejar algunas de las tareas del pensamiento crítico en estos momentos, a saber su irreducible carácter anticapitalista y antiimperialista, recuperar la idea de totalidad concreta para el análisis y comprensión de la imposición mundial del capitalismo, y, por último, vincularlo a las luchas históricas de los oprimidos.
De una parte, consideramos que el pensamiento crítico, en Colombia y en nuestra América, tiene que ser anticapitalista y antiimperialista, porque si ha de ser crítico tiene que ir a la raíz de los problemas y quien quiera entender y transformar la injusticia y la desigualdad hoy en nuestro continente en el sentido profundo del término se encontrara en el camino, tarde o temprano, con el capitalismo y el imperialismo, algo evidente en el caso colombiano. Sin esas categorías analíticas no es posible entender la acumulación mafiosa de capital y la constitución de una burguesía gansteril, que se ha hecho hegemónica no sólo en Colombia sino en otros países de nuestra América y el mundo.
En la obra que hemos escrito se encuentran innumerables ejemplos de las diversas formas de explotación y de dominación ejercidas por el capitalismo y el imperialismo en los más diversos campos, que van desde la economía hasta el medio ambiente, pasando por la cultura, la ciencia y la técnica. La óptica anticapitalista permite, en nuestro entender, ir al fondo del asunto de lo que hoy acontece en el mundo y en nuestro continente, porque nos recuerda que es menester ir más allá de las apariencias relucientes de las mercancías y de los supermercados, hasta los hombres y mujeres de carne y hueso que soportan en la vida diaria la explotación, en las maquilas, en las zonas francas, en las fábricas de sudor y de muerte, pero también en las oficinas, en las escuelas, en los consultorios y en todos los lugares de procesamiento informático. Porque los trabajadores siguen existiendo, a pesar de las transformaciones experimentadas por el mundo laboral en las últimas décadas, y continúan siendo el soporte fundamental del capitalismo, quien recurre como siempre a la extorsión de fuerza de trabajo como fuente de acumulación y de ganancia, sin importar la forma ni el tipo de trabajo que se realice.
Ese pensamiento, decimos, precisa ser antiimperialista, porque si algo se ha querido escamotear en las últimas décadas es la existencia de la dominación internacional y de la opresión nacional. El término imperialismo incluso avergüenza a sectores de izquierda que en lugar de usar esa denominación han optado por emplear nociones insustanciales y banales, como las de "globalización" o "era de la información", con los cuales nos quieren dar a entender que las relaciones internacionales se trasformaron hasta el punto que ya no hay ni dependencia ni dominación entre países, sino interdependencia y ayuda mutua, como expresión del triunfo del mercado. Esa retórica insustancial ha sido desmentida por la dura realidad en los últimos tiempos, como se demuestra con las guerras típicamente imperialistas libradas por Estados Unidos desde diciembre de 1989, cuando fue invadida Panamá. Desde entonces, las continuas agresiones a los países pobres han evidenciado que el imperialismo sigue siendo tan cruel como siempre. En consecuencia, en vísperas de conmemorarse el bicentenario de la primera independencia, hay que proclamar con José Martí la imperiosa urgencia de una segunda emancipación de nuestra patria grande, de todos los imperialismos, incluyendo el europeo, que hipócritamente se presenta como defensor por excelencia de los derechos humanos, mientras, aliado con los Estados Unidos, preserva sus pretensiones de superioridad sobre los pueblos de otras latitudes y respalda el terrorismo y los crímenes de estado en Palestina, en Afganistán, en Iraq, en Turquía, en Colombia…
No por azar el reino de España, una caricatura del imperio que fue desarticulado en América mediante la lucha organizada de los pueblos de las colonias en el siglo XIX, pretende dos siglos después reescribir junto a las clases dominantes de nuestra América la historia heroica de los mantuanos y sus descendientes, que tanto temor le han tenido siempre a los indígenas, negros, zambos, mestizos, pobres y humildes, la savia vital que con sus variados colores tiñe las sociedades de este lado del mundo. En concordancia con sus intereses empresariales, esa España monárquica participa activamente en la celebración oficial de la independencia que preparan las clases dominantes de estos países, para presentarse juntos como los adalides de la libertad y de la democracia, mientras auspician la penetración de las empresas y bancos españoles en todo el continente, los cuales no se distinguen precisamente por respetar ni a la gente ni a los ecosistemas.
Otra característica del pensamiento crítico que nosotros reivindicamos en esta obra estriba en pensar los cambios experimentados por el capitalismo a partir de la idea de totalidad, construyendo explicaciones que permitan entender la lógica central del capitalismo en esta fase de despliegue planetario. Casualmente, los sucesos del 11 de septiembre de 2001, demostraron la ineficacia de las teorías débiles y fragmentarias para poder explicar lo que estaba sucediendo –es decir, la imposición mundial del totalitarismo capitalista- y a partir de ese momento diversos autores rescataron la importancia de la crítica de la economía política, como eje analítico medular para entender la lógica del capital y todas sus contradicciones. Escudriñar los mecanismos actuales del sistema capitalista requiere de un esfuerzo por integrar diversos saberes que nos permitan aproximarnos al conocimiento de la forma como el capital se despliega y subordina todo lo que encuentra a su paso, incluyendo la naturaleza. Y ese esfuerzo analítico también precisa de una gran apertura mental, que no se opone a la firmeza política, para interrelacionar lo que pasa en el mundo y lo que sucede en nuestros países, a partir no de un universalismo abstracto sino de un análisis concreto que integre lo mejor del pensamiento emancipatorio universal con el legado de nuestros grandes pensadores, los que han vivido y luchado al sur del Río Bravo, y que desde el siglo XIX se han atrevido a eso, a pensar, y no simplemente a copiar y a imitar, porque como indicaba José Martí: "Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan como fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos la libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana".
Por último, una característica distintiva del pensamiento crítico radica en plantear y volver a insistir en que no se conoce por conocer sino con una finalidad política expresa de carácter emancipatorio, yendo contra las tendencias pasivas, contemplativas y conformistas. Por ello, el pensamiento crítico debe seguir acompañando las luchas de los oprimidos, aprendiendo de la historia y de la realidad de esas luchas y bosquejando salidas a la crisis civilizatoria de nuestro tiempo. Estamos convencidos de la urgencia para el pensamiento crítico de rescatar las luchas de los oprimidos y de los vencidos, porque, como decía Walter Benjamin, solamente andando con aquéllos sin esperanza no es permitida la esperanza. O como lo planteaba más cerca de nosotros José Martí: "Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores".
Es imprescindible recuperar la historia de las luchas de los pobres, oprimidos y explotados del continente, porque ellas son un espejo para el presente y el futuro. Las experiencias de indígenas, afrodescendientes, campesinos, colonos, obreros, mujeres pobres, recorre la historia de Colombia y América Latina, como un ejemplo vivo y palpitante. Con sus sueños y expectativas han proyectado otro tipo de vida y de sociedad, con valores de igualdad, ayuda mutua, cooperación, sacrificio y entrega. Todos estos valores cobran actualidad, ante la avalancha individualista propia del capitalismo, que pregona todos los días, como características supuestamente innatas al ser humano, el egoísmo, la sed de ganancias, el aplastamiento del adversario, el fetichismo de la mercancía y del dinero.
El pensamiento crítico no parte de cero, sino que recupera una memoria de esperanza y dignidad, una evocación de las luchas anticapitalistas y antiimperialistas que se han dado a lo largo de la historia de nuestra América y que han cobrado actualidad en los últimos años en Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Argentina, Colombia, Brasil y en muchos otros lugares, porque como dice el poeta Juan Gelman, con esto termino:
"Llegó la muerte con su recordaciónnosotros vamos a empezar otra vezla luchaotra vez vamos a empezarotra vez vamos a empezar nosotroscontra la gran derrota del mundocompañeritos que no terminano arden en la memoria como fuegosotra vezotra vezotra vez".
Muchas gracias
http://www.youtube.com/watch?v=U1LKRvuSD5w
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?auteur370
http://www.lasillavacia.com/movidadeldia/4210